Colima, Col.

Asteria Tadeo Gómez, madre de José Abel Nava Tadeo, presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno y el Poder Judicial de Colima y la Comisión Estatal de Derechos Humanos por omisión de justicia en el caso de su hijo.

Indicó que, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Nava Tadeo se suicidó, a pesar de que peritajes externos demostraron que, en octubre de 2008, la víctima fue encontrada ahorcada dentro de su casa, con signos de tortura y con las manos atadas a la espalda.

El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) ordenó reabrir la investigación para que la fiscalía considerara más pruebas; sin embargo, después de la segunda indagatoria las autoridades insistieron en que se trató de un suicidio y dieron por cerrado el caso.

En rueda de prensa, explicó que Nava Tadeo sufría de acoso laboral en la Coordinación de Seguridad del Gobierno del Estado, lo que pudo haber tenido relación con su muerte.

Aseguró que durante siete años ha tenido que lidiar con un sistema de justicia corrupto; ha buscado a funcionarios de la procuraduría, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al gobernador Mario Anguiano Moreno, pero no han atendido su petición.

La CIDH evaluará la denuncia para determinar si la acepta.

Certifican a ONG para aplicar protocolo

Antonio Heras Corresponsal

Tijuana, BC.

Siete de cada 10 detenidos por la policía en la entidad denunciaron haber sido torturados, reveló la abogada Sandra Esquer, integrante del Centro Bajacaliforniano de Derechos Humanos.

Representantes de la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional certificaron a un equipo de especialistas locales en la aplicación del peritaje médico-sicológico de posible tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes conocido como Protocolo de Estambul.

El equipo está integrado por Esquer Montoya, la sicóloga Patricia Bayliss, el médico Martín Esquer Nieblas y el perito criminalista Alejandro Salinas.

En conferencia de prensa, los expertos aseguraron que las corporaciones señaladas por tortura son las policías estatal preventiva, ministerial del estado y municipal de Tijuana.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California documentó de enero a septiembre 230 quejas por tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Esquer subrayó que a pesar de ser un delito que se persigue de oficio, la tortura no se investiga en Baja California y sólo ha habido una consignación, lo que alienta otros delitos como allanamiento de morada y robo por parte de los agentes.

El Centro Bajacaliforniano de Derechos Humanos ha documentado más de 60 casos de tortura, que involucran a militares, policías ministeriales y estatales.