a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer las detenciones automáticas y arbitrarias de familias y menores de edad que ingresan en territorio de Estados Unidos sin los documentos migratorios correspondientes y sostuvo que esas capturas amenazan los derechos a la protección de la unidad familiar, a estar libre de persecución o de tortura y a buscar o recibir asilo. Un dato de contexto insoslayable es la cifra histórica de aprehensiones realizadas por la Patrulla Fronteriza estadunidense durante 2014, que afectaron a 68 mil 541 menores no acompañados y a 68 mil 445 familias, lo que representó un aumento de 77 y 361 por ciento, respectivamente, en las detenciones realizadas durante el año anterior.
Semejante incremento en las acciones antinmigrantes no es, sin embargo, un fenómeno circunscrito a Estados Unidos, sino que se inscribe en un contexto mundial de creciente persecución y criminalización de los migrantes, que trasciende sistemas políticos, económicos e ideologías y que está afectando los derechos fundamentales, empezando por la vida, de miles de seres humanos en el planeta. En efecto, las políticas de prohibición a los flujos migratorios –que derivan en la muerte o el encierro de millones de personas en los países receptores de mano de obra y en las rutas de tránsito de migrantes– han incentivado un aumento en las tendencias xenófobas de ciudadanos y gobiernos europeos que afectan fundamentalmente a personas que llegan al viejo continente procedentes de África y Asia luego de huir de conflictos armados, regímenes represivos y catástrofes económicas. En nuestro país, por no ir más lejos, ocurren de manera sistemática episodios de acoso, persecución y atropello a extranjeros, tanto por grupos de la delincuencia organizada como por funcionarios del Instituto Nacional de Migración y elementos de las corporaciones policiales de los distintos órdenes de gobierno.
Además de representar un lastre al desarrollo civilizatorio, las posturas antinmigrantes resultan injustificables en un momento histórico en el que se preconiza la integración de los mercados, la apertura de las fronteras a los capitales y la globalidad de las sociedades.
Esta crisis se complementa y agrava con actitudes gubernamentales indolentes en las naciones de origen de los flujos migratorios, cuyas autoridades dejan abandonados a su suerte a millones que deciden migrar en busca de mejores condiciones de vida. En ese sentido, las autoridades de nuestro país exhiben una conducta doblemente inaceptable en materia migratoria: por tolerar los abusos que se cometen contra ciudadanos de terceros países que pasan por el territorio, y por mantener una actitud obsecuente ante la situación que viven millones de connacionales indocumentados en Estados Unidos, pese a que ese sector constituye uno de los sostenes de la economía nacional.
Por lo demás, el documento difundido ayer por la CIDH pone de manifiesto, de nueva cuenta, que Washington carece de calidad moral para erigirse en ejemplo y juez en materia de derechos humanos, como pretende hacerlo cada año con los reportes sobre la situación mundial de las garantías individuales elaborados por el Departamento de Estado. Por el contrario, la adopción de políticas de criminalización de los flujos migratorios es una más de las acciones mediante las cuales Washington ha agudizado el deterioro sostenido de la vigencia planetaria de los derechos fundamentales.
