l descontento social generado en Nicaragua por el proyecto de un canal interocéanico en ese país, el cual competiría con el de Panamá y sería ejecutado por un consorcio encabezado por una empresa china de historial dudoso, alcanzó ayer una nueva cota de confrontación y encono: manifestantes opositores al plan y seguidores del gobierno de Daniel Ortega se enfrentaron a pedradas en las calles de Managua, lo que dejó un saldo de más de una decena de heridos.

El componente principal de la resistencia al plan gubernamental está conformado por unos 30 mil campesinos que se ven amenazados con la pérdida de sus tierras en una franja de 278 kilómetros de largo, la cual recorrería el país desde el Pacífico hasta el Caribe y ocuparía una extensión de más de 5 mil kilómetros cuadrados.

Las cifras mencionadas son tentativas, sin embargo, porque el proyecto –cuyo costo se estima en 50 mil millones de dólares– ha sido gestionado en la más completa opacidad por las autoridades de Managua, hasta el punto de que no se ha hecho público un solo documento contractual ni estimaciones de los impactos ambiental y social. Para colmo, fue adoptado sin ninguna consulta a la población afectada.

El discurso oficial es indistinguible de los utilizados por otros gobiernos cuando pretenden imponer arreglos y negocios impopulares: creará empleos, estimulará la inversión y llevará divisas al país.

Los opositores al canal señalan que la construcción de la obra expulsará de sus tierras a miles de agricultores, destruirá el tejido social de la zona y causará graves daños ecológicos. Por añadidura, medios independientes de Managua han revelado algunos de los términos del contrato que harían imposible exigir responsabilidades al consorcio constructor en caso de que el proyecto desemboque en una catástrofe económica o ambiental.

Resulta deplorable y exasperante que un gobierno conformado por una organización que alguna vez fue progresista, nacionalista y de izquierda se haga acreedor, hoy, al calificativo de vendepatrias a raíz de su empecinamiento en imponer una obra a la más pura manera neoliberal, es decir, afectando la integridad territorial del país, negociando a espaldas de la sociedad, ignorando las voces cualificadas que señalan los peligros y desventajas del plan e incitando la división de la ciudadanía con tal de sacar adelante, a toda costa, un negocio privado.

Es necesario que el gobierno de Ortega recapacite mostrando un mínimo de sensibilidad social y de coherencia con los postulados fundacionales de su partido, aborte un proyecto turbio, autoritario y riesgoso para la población, la ecología, la soberanía y la gobernabilidad.