El Senado de la República modificó anoche la plana a la Cámara de Diputados, al realizar diversos cambios a la Ley de Ingresos y al paquete económico de 2016, uno de los principales, para echar abajo la reducción en 50 por ciento del impuesto a los refrescos acordado por la colegisladora.

Al cierre de la edición estaba por votarse ante el pleno la modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para regresar a un peso por litro el gravamen a las bebidas embotelladas, avalado antes en comisiones por todas las fuerzas políticas.

Por la mañana, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa, acusó directamente a Gustavo Madero, ex dirigente del PAN y actual diputado federal, de haber negociado con los empresarios de la industria embotelladora esa rebaja en el gravamen, que los senadores debieron cambiar.

Aunque los legisladores de Acción Nacional se dividieron, y parte de ellos decidieron oponerse a modificar la minuta, al final, PRI, PRD y PT y la mitad de los blanquiazules aprobaron en comisiones revertir la decisión que, según señaló el perredista Armando Ríos Piter, era un regalo de 500 millones de pesos a la industria refresquera.

Ríos Piter y su correligionaria Marcela Torres Peimbert tenían lista en la madrugada de hoy una reserva para demandar que se elevara a dos pesos el gravamen a las bebidas azucaradas, con el argumento de que la ingesta de refrescos provoca obesidad y enfermedades como la diabetes.

Sin embargo, el acuerdo negociado era únicamente para mantener el impuesto a las gasesosas en un peso por litro.

Regalazo para no sé quién

Lo que se mantuvo en el paquete fiscal, en la Ley Federal de Derechos, fue la disminución en 90 por ciento en el pago que realizan los concesionarios de radio y televisión por el uso del espectro radioeléctrico, pese a que hasta el propio panista Javier Lozano demandó que se modificara, porque se trata de un regalazo para no sé quién.

Fue un tema que llevó al pleno la senadora Dolores Padierna (PRD); dijo que es totalmente injusto el trato fiscal a las grandes corporaciones televisivas y mineras. De forma inusual, Lozano se sumó al reclamo y detalló que, de forma sorpresiva, el derecho que se paga por el uso del espectro radioeléctrico, que el año pasado era de 20 centavos por dólar, se disminuyó a 2 centavos por dólar.

El Estado, destacó, va a dejar de recaudar 2 mil 700 millones de pesos, ya que la disminución se dará en el uso de la banda de 700 megahertcios, una de las más valiosas.

La mayoría votó en contra de modificar ese concepto. Padierna y sus homólogos Manuel Bartlett, coordinador del PT, y Alejandro Encinas coincidieron en que, a excepción de revertir el gravamen a refrescos, se trata de un paquete económico que beneficia a los grandes empresarios.

En el dictamen aprobado en comisiones se modificó la Ley del IEPES, a fin de establecer una banda con parámetros para los valores máximo y mínimo de la gasolina y el diésel, con base en la inflación, a fin de evitar que el precio del combustible se dispare, ya que se liberará el próximo año.

Los perredistas Padierna y Mario Delgado advirtieron que pese a las promesas del gobierno, el precio de la gasolina va a aumentar el próximo año en 40 centavos por dólar, ya que se mantiene la elevación al impuesto al combustible.

En la larga jornada de ayer, uno de los puntos que más se discutieron, y que motivó que la sesión de comisiones comenzara después de los 18 horas, fue el de los 17 mil millones de pesos adicionales al presupuesto del 2016 que legisladores del PRD y PAN proponían destinar al pago de la deuda externa, para evitar que se convirtiera en una bolsa de la que los diputados podrían disponer para lucrar indebidamente.

Voces dentro del PAN y del PRI advirtieron que eso no es posible, pues el Senado no tiene facultades en materia presupuestal. El PRD, por medio de Ríos Piter, propuso entonces adicionar una modificación al artículo noveno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise directamente los proyectos de infraestructura de municipios y entidades federativas, que no estén contemplados originalmente.

El panista Ernesto Cordero, otro de los impulsores, resaltó que es un cambio relevante, ya que tristemente las asignaciones de excedentes son el principal motivo de corrupción en el Legislativo.

“Es el primer artículo antimoches”, comentó a su vez el perredista Alejandro Encinas. Explicó que es una especie de candado para evitar la doble extorsión que sufren los presidentes municipales, el cobro que hace la delincuencia organizada y “los moches” que les exigen los diputados por tramitarles recursos.

En esa reunión de comisiones, el único legislador que se manifestó en contra de establecer ese candado fue Marco Antonio Blásquez, del PT, quien consideró inapropiado mandar un mensaje a nivel de colegisladora de que les vamos a amarrar las manos para que no se roben los dineros.

Otros cambios ya acordados, que estaban por votarse ante el pleno, son: al impuesto sobre la renta (ISR), a fin de elevar de 100 a 250 pesos el límite para que los pequeños contribuyentes estén exentos de expedir comprobantes fiscales.

En ese mismo artículo se elevó de 10 a 15 por ciento el monto de los ingresos susceptibles de deducciones personales y de 250 a 300 mil las deducciones empresariales.

La discusión en lo general continuaba al cierre de esta edición; se espera que se prolongue hasta la madrugada de hoy, ya que la intención es que quede aprobada en lo general y lo particular en los primeros minutos de hoy, aunque el plazo que tiene el Senado vence el sábado.