El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que aun cuando México vive una gran transformación en su sistema jurídico y en la protección de los derechos humanos, estos cambios no deben quedar sólo en el marco legal.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) impulsará un programa para migrantes, mediante el cual otorgará un subsidio hasta de 61 mil pesos para construir una casa o mejorar o ampliar la que poseen. El proyecto piloto comenzará en Puebla y Zacatecas. Este año cerrará con 500 acciones y el próximo apoyará 5 mil, aseveró Paloma Silva, directora del organismo. Señaló que participarán los gobiernos estatales, los cuales se prevé aporten 25 mil pesos a cada familias interesada. El tope del subsidio será acorde a cada caso, pues los apoyos se entregan a familias cuyos ingresos no superan los cinco salarios mínimos.

En cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición internacional, elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en México a un hombre identificado por las autoridades como Miguel Andrés N, de nacionalidad argentina, quien es acusado de ser probable responsable de abuso sexual en contra de menores de edad. Los federales detuvieron al imputado en calles de la colonia El Carmen, en la ciudad de Puebla. El inculpado fue ingresado al reclusorio norte de la ciudad de México, con el fin de que se desahogue el juicio de extradición.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, descontar el equivalente a tres días de dieta (salario) de los 500 integrantes para destinar esos recursos, por conducto de la Cruz Roja, a las entidades damnificadas por el huracán Patricia.

Hasta ayer había más de 73 mil solicitudes para participar en el proceso de adjudicación de créditos de vivienda de 2016 del Fovissste, indicó el vocal ejecutivo del organismo, Luis Antonio Godina. En una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, el funcionario señaló que se prevé otorgar 34 mil 150 créditos, por lo que casi uno de cada dos participantes podrán tener este beneficio. También indicó que se busca fomentar el crédito tradicional, así como los esquemas de Fovissste-Infonavit y Fovissste en pesos.

Es inconstitucional poner como condición estar al corriente en el pago de cuotas y aportaciones para realizar cualquier trámite relacionado con la prestación de servicios de seguridad social. Al resolver ayer la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión de Derechos Humanos de Baja California en contra de la legislación referida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Los ministros aclararon que es ilegítimo pretender que los trabajadores no tengan adeudos, porque la obligación de enterar de las cuotas es del empleador, además de que la suspensión de los servicios de seguridad violarían lo dispuesto en la legislación federal en materia laboral. También frenaron la pretensión de que los jubilados aportaran un porcentaje de su pensión para diversos rubros de la legislación impugnada.

El PRD en la Cámara de Diputados propuso modificar el artículo 41 de la Constitución con objeto de restar a las prerrogativas de los partidos políticos el equivalente en votos anulados (blancos) que se hayan contabilizado tras los procesos electorales. De tal forma, expuso Agustín Basave, la insatisfacción ciudadana con los partidos políticos quedaría manifiesta en los montos de recursos públicos que éstos reciben. El representante del PRD expuso en tribuna que la pretensión de la propuesta es reducir las prerrogativas partidistas, mientras mayor incidencia del voto blanco (así hace llamar al voto nulo) se registre. A la fecha, refiere la propuesta de Basave, los votos nulos no tienen impacto en el comportamiento político de los partidos o de los candidatos. Nada hay en nuestro marco jurídico actual que supedite la validez de la elección a un nivel mínimo de participación o que les quite a los partidos representación o recursos por una afluencia baja de electores. El argumento de la propuesta se fundamenta en que cuanto existe certeza en la expresión manifestada en el voto nulo, no se reconoce un efecto jurídico, pues se ignora una expresión política de disentimiento e inconformidad, cuyo efecto natural bien podría ser el abstencionismo o la renuncia a seguir participando en los procesos democráticos. El desaliento podría manifestarse en no votar, en la venta del voto, o en la protesta violenta. Vale la pena preguntarnos bajo qué parámetros se puede dejar de reconocer la anulación deliberada del sufragio, que nuestra iniciativa denomina voto blanco, como expresión política.