Lejos de adelgazar y profesionalizar al personal del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, que se votará el viernes, no pone fin a cuates y cuotas en mandos directivos, y engorda nóminas en los estados.

Así lo plantearon PAN, PRD y Morena en torno a este documento que fue aprobado por la Junta General Ejecutiva la noche del martes pasado, con el propósito de que se discuta y, en su caso, se apruebe el próximo viernes en la sesión del Consejo General.

En la sesión de la junta efectuada anteayer, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, se congratuló del documento, porque tuvo un amplio proceso de consulta. Señaló que, además, se probará su eficacia en el ámbito local, ya que regula un entorno desconocido hasta ahora: los Organismos Públicos Locales (Oples).

Francisco Gárate, representante del PAN ante el instituto, expresó su preocupación de que en las direcciones ejecutivas y dada la integración de los Oples haya un proceso de selección de cuotas y cuates, porque esas funciones no se someten a concurso público, a diferencia de los vocales del instituto.

Estamos generando un monstruo en los Oples de al menos dos cabezas por la manera en que se procesa el nombramiento de los directores ejecutivos, señaló respecto de que el INE presumió que el ingreso es primordialmente por concurso público.

Calificó al documento de masacote normativo, porque se compone de 742 artículos más 55 transitorios, casi el doble que la ley electoral; además, todavía están pendientes de aprobación 35 lineamientos. Lo mejor para que una organización como el INE funcione son reglas sencillas planteadas de manera ordenada y sistemática.

Horacio Duarte, representante de Morena, consideró que el estatuto no está pensado para hacer eficiente el trabajo del instituto, sino con la idea de hacer crecer la burocracia.

Criticó que se perfile la exclusión de los esquemas de concursos al personal de las unidades de Fiscalización y Técnica de lo Contencioso. No quieren una fiscalización ni la investigación de quejas con autonomía, sino mantener los criterios políticos.