Desde el pasado 8 de octubre, la junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), donde participan los sindicatos, dieron su respaldo a la iniciativa de reforma del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (Pensionissste). El director del instituto, José Reyes Baeza, aseguró que esta administradora no tendrá ni un peso de inversión privada.

Seguirá siendo un organismo público. Se trata, explicó, de modernizarlo y liberarlo para que pueda competir con el resto de las administradoras de fondos para el retiro (Afores).

Puso como ejemplo que a causa de trabas administrativas, Pensionissste tiene sólo 40 sucursales y 700 promotores, mientras Afores privadas cuentan con 150 sucursales y hasta 4 mil promotores. El Fondo del Issste está en desventaja, aunque tiene la mejor propuesta para los trabajadores, por la menor comisión y excelentes rendimientos, indicó.

La iniciativa que el pasado mes de septiembre presentó el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso señala que de mantenerse en estas condiciones, en el mediano plazo el Pensionissste podría llegar a una situación de insostenibilidad.

En diversas ocasiones, los directivos de esta y pasadas administraciones del instituto han resaltado el buen desempeño de Pensionissste, al grado que le ha permitido generar utilidades que se reparten cada año entre sus asegurados.

Reyes Baeza también ha asegurado que la reforma preservará el carácter público de Pensionissste. Será bajo la figura de organismo descentralizado o empresa de participación estatal.

Además se mantendrá la representación paritaria en su órgano directivo, con nueve representantes del sector público y nueve de los sindicatos, con lo que las decisiones se tomarán con el equilibrio y el acuerdo de todas las partes.

El proyecto plantea que por la falta de flexibilidad en su operación administrativa y financiera, Pensionissste tampoco puede actuar en línea con lo que le exige el sistema de ahorro para el retiro (SAR), la demanda por servicios de los clientes y los requerimientos normativos de la Comisión Nacional del SAR.