n el contexto de la discusión legislativa sobre la Ley de Ingresos y el paquete económico 2016, los diputados y senadores autorizaron una disminución de 90 por ciento en el pago que realizan los concesionarios de radio y televisión por el uso del espectro radioeléctrico, contemplado en la polémica Ley Federal de Derechos. La decisión legislativa fue cuestionada incluso por el senador panista Javier Lozano –defensor consuetudinario de los intereses corporativos en múltiples ocasiones–, quien en forma insospechada criticó que la referida ley se trata de un regalazo para no sé quién.

Por desgracia, el referido descuento –que implicará que el fisco deje de recaudar 2 mil 700 millones de pesos– no es la única concesión que el Poder Legislativo realizó a las grandes corporaciones y a los poderes fácticos. Otro ejemplo es el establecimiento de una cuota de 125 mil pesos a la expedición de permisos para el tratamiento del petróleo, refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, monto que resulta insignificante si se considera el enorme potencial de ganancia que involucra el desarrollo de esas actividades por particulares.

A estos regalos fiscales para los conglomerados empresariales debe sumarse la opacidad con que se manejan los recursos presupuestarios en las propias instancias encargadas de autorizarlos. Un ejemplo claro es el manejo discrecional del presupuesto asignado a la instancia legislativa capitalina: como ha venido denunciando el líder de la bancada de Morena, César Cravioto, la ALDF podría operar con la mitad de su presupuesto –que asciende a cerca de 2 mil millones de pesos– si se asumieran medidas de austeridad y se evitaran prácticas tan impresentables como el reparto discrecional, entre los integrantes de la Comisión de Gobierno, de 4.6 millones de pesos cada mes.

En un contexto nacional en el que persisten desempleo, pobreza, falta de educación y salud, así como la carencia de horizontes de movilidad social, el gasto público debe fungir como el instrumento por conducto del cual el Estado reactive la economía interna, genere empleos e infraestructura y atienda las necesidades básicas de la población. Por el contrario, en la circunstancia actual se asiste en todos los ámbitos institucionales a un manejo improcedente del erario, que se emplea por un lado para otorgar injustos subsidios públicos a los ricos y es objeto, por otro, de una repartición discrecional e inmoral entre una clase política que ni siquiera se esfuerza por ocultarlo.

La sociedad, ante esta situación, debe reclamar a quienes formalmente la representan que pongan fin a prácticas como las comentadas, avancen a una mínima equidad impositiva y reorienten los recursos públicos a atender las necesidades reales del país. De otra manera, persistirá la práctica de revestir de legalidad, mediante la discusión de los paquetes económicos y presupuestarios, medidas que resultan inocultablemente depredadoras del erario.