Madrid.

El Parlamento catalán anunció este miércoles el inicio de la desconexión del Estado español y la construcción de la nueva república de Cataluña, mientras el gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy respondió a la resolución independentista con un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional (TC).

Al aceptar el alegato, el TC suspendió de manera cautelar la resolución aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña en Barcelona, que autorizaba comenzar a trabajar en una constitución catalana, y establecer una hacienda pública y un sistema de seguridad.

El tribunal advirtió a los políticos catalanes que podrían enfrentar cargos criminales si desafían su decisión. El TC comunicó su resolución a los 21 responsables del Parlamento catalán que según el dictamen son responsables de aprobar la moción y de su trámite regular, incluida la presidenta del Congreso regional, Carme Forcadell. La advertencia se extiende al presidente regional Artur Mas y a otros representantes del gobierno.

A su vez, el gobierno de Cataluña aseguró que cumplirá la resolución independentista, a pesar de la suspensión del TC y de la advertencia a sus gobernantes y parlamentarios, porque no se someterán más a las instancias españolas.

Rajoy criticó la resolución de independencia catalana y la consideró un ataque a la soberanía y la democracia de España.

No voy a aceptar que unos señores liquiden las normas, la democracia y la convivencia que nos hemos dado entre todos. El gobierno actuará, lo hará con firmeza y proporcionalidad, pero no les quepa la menor duda de que lo hará, advirtió Rajoy a los políticos catalanes independentistas.

La resolución del Parlamento de Cataluña también eximía al gobierno regional de ser obligado a acatar a las instituciones españolas, incluido el TC, lo que prepara el terreno para una colisión legal entre los separatistas y el gobierno español en caso de que los primeros intenten dar más pasos hacia la independencia.

Los funcionarios públicos que rehúsen cumplir con el fallo de la corte podrían enfrentar cargos de desobediencia, que conllevan una sanción de suspensión del cargo hasta por dos años y fuertes multas, comentó Elena Iñigo, profesora de derecho penal en la Facultad de Leyes de la Universidad de Navarra.

La resolución del lunes fue promovida por la coalición Junts pel Sí y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), de izquierda, que suman 72 de las 135 bancas del Parlamento regional.

Los dos grupos conversan para formar gobierno y llevar adelante el proceso independentista, pero disienten en quién debe ser el presidente regional.

En Barcelona, en una reunión a puerta cerrada los representantes de Junts pel sí, presididos por el presidente catalán, Artur Mas, intentaron convencer a los diputados de la CUP para que en la sesión de investidura de mañana apoyen la relección de Mas, quien ofreció un nuevo plan de gobierno a los representantes de la CUP para que apoyen su relección por mayoría simple este jueves. Es decir, que si Mas logra el apoyo de sus 62 diputados y de otros dos de la CUP, además de la abstención de los otros ocho, ya tendría el apoyo suficiente para ser presidente cuatro años más.

Pero las negociaciones están estancadas y la CUP ha reiterado que en ningún caso apoyarán la releción de Mas, a quien señalan como uno de los principales responsables de los recortes a los servicios públicos y de varios casos de corrupción de los últimos años.