Cuernavaca, Mor.

El dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, anunció que el caso de las fosas clandestinas en Tetelcingo, que la Fiscalía General del Estado (FGE) utilizó para inhumar 150 cuerpos, será enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obligar al Estado mexicano a castigar a los responsables de ese delito de lesa humanidad.

Dijo que la FGE no puede ser juez y parte; es muy grave que se autoinvestigue, en un caso en el cual están acusados su titular, Javier Pérez Durón, y funcionarios involucrados en la inhumación y exhumación de los cuerpos depositados en las fosas del municipio de Cuautla.

“Esos 150 podrían ser parte de los 28 mil desaparecidos que hay en el país, tenemos que ver cómo están haciendo las carpetas, cuántos cuerpos hay en los frigoríficos y en qué condiciones.

Debemos crear una comi- sión civil con el apoyo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para hacer pruebas científicas. Es una cadena de complicidades y mentiras, uno de los grandes problemas de la criminalidad se encuentra en las fiscalías, anotó.

Sicilia se reunió con Lucero Benítez Villaseñor, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (Cdhem), institución que el jueves presentó el asunto a un representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Respecto a que el fiscal Javier Pérez Durón declaró que cuenta con las carpetas de investigación de cada persona enterrada, indicó que no están plenamente identificadas (...), además todo lo hacen con una frialdad y una crueldad inmensas, que revictimizan a las personas.

Indicó que mientras no se identifiquen esos cuerpos y saber a qué familias pertenecen, la fosa disfrazada de panteón es del orden de la criminalidad y no está conforme a derecho, que es la condición con la que debe operar un gobierno del estado.

Benítez Villaseñor informó que la reunión que sostuvo con Sicilia fue para que el movimiento que encabeza se sume a la investigación del caso de Oliver Navarrete Hernández, quien fue víctima de inhumación y exhumación clandestina por la FGE.

Lamentó que la FGE manipule el asunto al asegurar que tiene permiso para que esas fosas opere de forma regular, cuando la madre de Oliver presentó copias certificadas que demuestran que ese predio es de un particular y no hay permisos del municipio de Cuautla para que éste opere como fosa común o pantéon.