El Programa Frontera Sur, operado por el gobierno federal desde julio del año pasado, ha significado el aumento de las detenciones y repatriaciones de migrantes y en consecuencia de violaciones a los derechos humanos, advirtieron nueve organizaciones civiles partícipes de la investigación Un camino incierto, en la cual se expone la problemática de seguridad y acceso a la justicia de los migrantes en México.

Los hallazgos fueron clasificados en los siguientes puntos: incremento de 73 por ciento de las detenciones de extranjeros entre julio de 2014 y junio de 2015, respecto del mismo periodo anterior, al pasar de 97 mil a 178 mil registros ante el Instituto Nacional de Migración (INM), así como aumento en los ‘‘abusos’’ durante los operativos realizados con la participación de agentes de los tres niveles de gobierno.

Al mismo tiempo, las casas o refugios de migrantes siguen documentando casos de secuestros, extorsiones, robos y agresiones en todo el país.

Otro punto es una crítica a la acción del gobierno mexicano para proteger a las personas migrantes, el cual ‘‘ha quedado muy por debajo de las necesidades’’. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) sólo tiene 15 oficiales para garantizar el acceso a la protección internacional a una población de más de 100 mil personas detenidas en un año.

Por un lado, se indica en el análisis, el uso de eufemismos pone a los migrantes en un limbo legal, porque técnicamente no se encuentran detenidos y por tanto no gozan de los derechos de las personas en esta condición. Sin embargo, son privados de su libertad. Además, no todos los extranjeros son informados de sus derechos.

El número de refugiados reconocidos es mínimo (413 el año pasado) respecto de las repatriaciones. ‘‘Es probable que muchos individuos fueran potenciales elegibles para asilo. En 2014, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados realizó una encuesta de 200 niños no acompañados detenidos en la ciudad de México y el estado de Chiapas, y encontró que casi la mitad podrían haber requerido de la protección internacional’’.

Otro aspecto es la carencia de datos acerca de un acceso efectivo a la justicia para las víctimas de delitos y un contexto mayoritariamente de impunidad. Los datos más precisos –se lee en el estudio– vienen de la fiscalía especializada de Oaxaca, la cual reporta que de las 383 denuncias de delitos recibidas en cuatro años (2011-2015), sólo 96 resultaron en una averiguación previa, y cuatro concluyeron en sentencias para los perpetradores.

‘‘Si el indicador del Programa Frontera Sur es la detención de personas, obviamente ha sido muy exitoso, pero si se pone en contexto cómo fue planteado para proteger los derechos humanos de los migrantes, entonces ha fracasado (…) En México, donde hay migrantes hay violencia’’, subrayó Maureen Meyer, de la oficina en Washington sobre América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), coautora del estudio.

El informe fue elaborado por organizaciones con presencia en México y en Estados Unidos, como la Casa del Migrante, de Saltillo; Albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca; La 72 Hogar-Refugio para Migrantes; Red Sonora (Iniciativa Kino para la Frontera; Centro de Recursos para Migrantes y Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado; Un Mundo una Nación, y Fundar Centro de Análisis e Investigación, así como WOLA.

Sus representantes relataron algunos casos de las agresiones contra migrantes, en particular la ocurrida en junio pasado en Caborca, Sonora, donde se presume la desaparición de algunos de los extranjeros. Igualmente, se advirtió acerca de la especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes.

En cuanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el estudio se indica que de mil 617 quejas por violaciones a garantías básicas contra migrantes recibidas por este organismo del primero de diciembre de 2012 al 15 de junio de 2015, solamente cuatro resultaron en una recomendación formal a la institución señalada como responsable.

Édgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH, dijo en entrevista que sí hay un aumento en la inseguridad de los migrantes: ‘‘Nosotros también lo hemos advertido. Analizaremos el documento elaborado por organizaciones de la sociedad civil muy serias. En todas las áreas (hay retos), en el tren, en las rutas paralelas donde son víctimas, así como en estaciones migratorias. También tenemos quejas de los policías (que participan en los operativos)’’, señaló.

Respecto de la variación entre las quejas, dijo que muchos de los denunciantes no vuelven para dar seguimiento al proceso; adicionalmente, comentó, hay procesos de conciliación entre los involucrados en una queja. A ello se agrega la dificultad para localizar a los migrantes en México o en sus países de origen o Estados Unidos. ‘‘Hay veces que ellos mismos se desentienden y ya no podemos seguir la queja’’.

En el quinto punto del estudio se afirma que el programa Frontera Sur se ha enfocado en acciones de control y ello se ve reflejado en el aumento al presupuesto del INM.

Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos –afirma– ha ofrecido un apoyo político y financiero al de México para fortalecer el control migratorio.