La militarización de la seguridad pública en México ha fomentado los casos de violencia sexual como forma de tortura por parte de las fuerzas armadas, además de las cometidas por corporaciones policiacas federales y estatales, señalaron diversas organizaciones civiles y de derechos humanos dentro de la campaña nacional Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual.

Advirtieron que pese a no existir un registro específico sobre denuncias por tortura sexual, debido a que no está tipificada como tal, sí es posible inferir este dato a partir de las múltiples denuncias de mujeres.

Pese a los problemas para presentar y documentar este tipo de querellas en tan sólo nueve entidades se tiene un registro de 97 denuncias entre 2010 y 2014. Sin embargo, una sola denuncia puede incluir a varias mujeres.

Convocado por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos Humanos, el Centro Tlachinollan, Asociadas por lo Justo, Comisión Mexicana por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y ONU Mujeres, este miércoles se realizó el foro Hacia la erradicación de la tortura sexual a mujeres en México, en el que especialistas nacionales y extranjeros analizaron la problemática de este tipo de violación a los derechos humanos.

En el encuentro, realizado ayer en el Museo Memoria y Tolerancia, los participantes, así como especialistas de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exhortaron al Estado mexicano a emprender acciones y políticas públicas con perspectiva de género para prevenir, sancionar y erradicar la tortura sexual ejercida en contra de las mujeres.

Además, recordaron que en marzo pasado, el relator especial de Naciones Unidas para la Tortura, Juan E. Méndez, aseguró en su informe sobre México que en el país esa práctica –que en muchos casos es sexual– es generalizada y se comete durante la detención y la consignación de las personas por parte de las diferentes autoridades.

En su participación, Tracy Robinson, relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, advirtió que no visibilizar el delito de la tortura representa un obstáculo para el acceso a la justicia en nuestro país. Además, denunció que la tortura contra la población femenina parece ser un método generalizado entre algunas autoridades que pretenden debilitar los movimientos sociales.

Indicó que una de las preocupaciones en relación con la tortura en México es el contexto que se da con las detenciones. ‘‘Tenemos que encontrar mecanismos de protección en contextos de detención, pero también fuera de ella’’, expresó la relatora.

Discriminación y falta de equidad para sancionar ese delito

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, señaló que pese a la prohibición constitucional y al avance en el marco legal para prevenir, eliminar y sancionar los actos de tortura, ésta y la impunidad para los responsables ‘‘sigue siendo un serio problema en México’’.

El ombudsman nacional destacó asimismo que la discriminación y falta de equidad propician la violencia sexual en contra de las mujeres y recordó que la comisión a su cargo ha insistido en contar con una ley específica que combata esta práctica y que se ajuste a los estándares internacionales, pues ésta se utiliza para intimidar, degradar, humillar y castigar a las víctimas en un clima de discriminación, además de que este problema aumenta cuando se trata de grupos vulnerables, como migrantes indocumentados y mujeres indígenas.