ento, pero seguro, finalmente el Congreso (primero los senadores totalmente Palacio, y ayer los levanta dedos de San Lázaro) aprobó la propuesta de reforma constitucional para desvincular el salario mínimo como medida de referencia en el cobro de multas, tarifas, precios y otras 2 mil 400 y pico de recaudaciones estatales y federales, al tiempo que, para sustituirla, autorizó la creación de una Unidad de Medida y Actualización.

Pero sólo es el principio, pues al tratarse de una reforma constitucional dicha propuesta debe ser turnada a los congresos estatales para que cada uno de ellos la ratifique, modifique o deseche, según sea el caso, y si adoptan el ritmo de los diputados federales y de los senadores, igual habrá que acomodarse en un mullido sillón para que se dé el milagro. Se requiere la aprobación de cuando menos 17 de ellos para que la reforma llegue a buen puerto. Y esa fue la parte fácil del procedimiento, para cuya aprobación el Congreso federal se tomó más de un año, sin considerar el que consuman los estatales.

La parte difícil es la concerniente a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, el cual acumula más de tres décadas de deterioro sostenido y a estas alturas está hecho añicos, por decirlo suave. Tras aprobar la referida propuesta, algunos ilusos diputados creyeron que, ya con el visto bueno del Legislativo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) de inmediato pondría manos a la obra y actuaría en consecuencia, aprovechando la ya cercana revisión para 2016.

Pero los legisladores olvidaron documentar su optimismo, porque si de algo ha servido la Conasami ha sido para contener, de forma por demás perversa, el incremento real de los salarios, con el fin de proteger al capital y garantizar la política antiinflacionaria de los gobiernos neoliberales, basada, vía salarial, en el hambre de los mexicanos.

En ese contexto, vale mencionar que en los últimos 33 años ha sido brutal la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con el mínimo a la cabeza, y la propia estadística oficial (Inegi, en este caso) lo documenta: cuando Miguel de la Madrid se instaló en Los Pinos el salario mínimo promedio (en ese entonces existían tres zonas salariales) era de 318.28 viejos pesos (a esa cantidad hay que quitarle tres ceros) por día. Para 2015, el salario mínimo se fijó en 70.10 pesos (70 mil 100 viejos pesos).

En ese periodo el aumento nominal del salario mínimo fue cercano a 22 mil por ciento, pero el incremento de la inflación (medida por las instancias oficiales, primero el Banco de México y después el Inegi) fue mayor a 54 mil por ciento, de tal suerte que el poder adquisitivo real del mini ingreso es hoy 2.5 veces inferior al de 1982. De entonces a la fecha, seis gobiernos (el mismo, en realidad, con seis caretas distintas, cuatro tricolores y dos blanquiazules) destrozaron el poder adquisitivo del salario, con el fin de aumentar las ganancias del capital, hacer competitivo al país para los inversionistas foráneos y construir su política antiinflacionaria (de tres a un dígito). Y a estas alturas más de 63 millones de mexicanos en pobreza, y millones más en la cuerda floja, certifican que tales prácticas pueden ser tipificadas como delitos de lesa patria.

Entonces, ya desindexado el salario mínimo (siempre que, cuando menos, 17 congresos estatales den su visto bueno) y con la buena voluntad (versión oficial) de gobierno y empleadores, el mini ingreso debería registrar un aumento sustancial sólo para recuperar su poder adquisitivo de 1982. Y para que esto suceda el incremento tendría que ser de los actuales 70.10 pesos por día a no menos de 172 pesos para cerrar 2015, y apenas para lograr la citada recuperación.

Cercana está la decisión del Consejo de Representantes (gobierno, patrones y líderes obreros) de la Conasami en lo que se refiere al salario mínimo para 2016, y si a lo largo de los años a ese supuesto órgano colegiado le han salido ronchas con aumentos anuales de entre 3 y 4 por ciento (siempre de acuerdo con el índice inflacionario oficial) habrá que imaginar sus convulsiones e infartos si a alguien se le ocurre proponer un incremento de tres dígitos al mini ingreso para recuperar el poder adquisitivo de 1982.

Pero como aquí todo se hace al revés, ya la Conasami cocina aumento de dos o tres pesos al salario mínimo 2016.

No sólo allí se cuecen habas, porque parece que, gracias a la reforma energética, Petróleos Mexicanos sigue la tendencia de la industria mexicana tras la entrada en operación del TLCAN, cuando el grueso de las empresas productoras nacionales se transformaron en importadoras, comisionistas, representantes de firmas extranjeras, comercializadoras de productos foráneos y/o maquiladoras, con el fin de sobrevivir pues fueron incapaces de competir, por la sencilla razón de que el citado tratado comercial se las engulló.

Primero fue el anuncio de que Pemex regresaba a 1974, cuando México no era autosuficiente en petróleo. Ahora, en pleno 2015, la otrora paraestatal se dedica a importar crudo ligero de Estados Unidos, por mucho que la propia ex paraestatal a eso se dedique, a producirlo. Más adelante, que el consorcio que encabeza Emilio Lozoya regresará al Estado 95 pozos petroleros, adjudicados en la ronda cero, porque no tiene con qué hacerlos producir. Y ahora el mismo consorcio del Estado sale con la novedad de que ofrecerá a las empresas (privadas) que resulten ganadoras de la licitación de la ronda 1.3 la comercialización de los hidrocarburos que se produzcan en dichos campos, para lo cual puso a disposición de las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, así como de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, una carta de intención que se ofrecerá a los participantes de la licitación.

Si se revisan los números de Pemex en materia de producción y exportación, el balance es alarmante, pero en lugar de tomar cartas en el asunto y trabajar en pos de una mejor renta, la directiva de la ahora empresa productora del Estado está feliz porque brindaría servicios de compraventa, manejo, medición, transporte, almacenamiento y comercialización para llevar el hidrocarburo al punto de venta correspondiente.

Entonces, ahora Petróleos Mexicanos no se dedica a producir ni a incrementar la renta petrolera ni las reservas de crudo, sino a transportar y comercializar el petróleo mexicano que otros produzcan, y cobrará comisión por representar a consorcios e intereses que no son los de la nación.

Las rebanadas del pastel

Mientras la economía avanza a paso de gallina, la deuda pública es más veloz que Usain Bolt… ¿Y hoy se conmemora la revolu... qué?

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