n estudio realizado por el Centro de Investigación Pew reveló que por primera vez la cifra de mexicanos que vuelven de Estados Unidos a su país es mayor a la de los que llegan a la nación vecina. Entre 2007 y 2014 el número de mexicanos que viven del otro lado de la frontera –de manera autorizada o no– cayó de su máximo histórico de 12.8 millones a sólo 11.7 millones. En el mismo sentido, Pew informó que desde la década de 1990 no se presentaba una afluencia tan baja de mexicanos hacia territorio estadunidense como la que tiene lugar en la actualidad.
Este retorno sin precedente no parece encontrar explicación en el mejoramiento de las condiciones de vida en México, sino en la contracción del mercado laboral por la lenta recuperación de la economía estadunidense, en el endurecimiento de la aplicación de las leyes migratorias experimentado durante la administración de Barack Obama –en 2014, mil 100 mexicanos eran deportados cada día por el gobierno de Estados Unidos–, y en el racismo y la xenofobia que se ciernen sobre nuestros connacionales en el vecino país.
Más allá de sus causas, el retorno de los mexicanos que migraron por razones económicas o de otro tipo debe ser visto con beneplácito, ya que la población constituye la principal riqueza de las naciones y su regreso es causa de satisfacción para sus comunidades y familiares que permanecieron en México.
El hecho es que, incluso si se tratase de un fenómeno temporal, este retorno masivo –había 12.8 millones de mexicanos al norte del río Bravo en 2007, y 11.7 millones el año pasado, lo que significa 1.1 millones de personas más en el país– genera presiones insoslayables para la economía. Por principio de cuentas, los cálculos gubernamentales tendrían que prever una disminución en las remesas, las cuales han sido un sostén fundamental para millones de familias y una inyección de divisas de primer orden para el quehacer económico en general.
Adicionalmente, esta inversión de los flujos migratorios tradicionales, que equivale a un aumento poblacional relativamente drástico, debe conllevar un esfuerzo adicional a fin de proveer empleo, vivienda, salud, educación y otros servicios básicos a una población mayor que la calculada en las proyecciones estadísticas, cuando faltan aún cinco años para que se realice el próximo Censo de Población y Vivienda. No hacerlo así implicaría ampliar la cifra de aquellos millones de individuos a quienes, en los hechos, el país les niega sus derechos básicos e irrenunciables.
No debe soslayarse que México pasa por una circunstancia particularmente desfavorable por el estancamiento económico, la devaluación del peso frente al dólar, la caída de los precios petroleros y la persistencia de la inseguridad, la corrupción y la impunidad. Sin embargo, tanto el gobierno federal como el Legislativo deben tomar cartas en el asunto para impulsar, en lo inmediato, la generación de empleos y la expansión de los servicios de educación y de salud. Los descontentos económicos y sociales son ya graves y extendidos, y si no se actúa en el sentido mencionado el retorno de población mexicana podría ser un factor adicional en la generación de situaciones explosivas y en nuevas circunstancias de ingobernabilidad.
