i bien el uso de cristales polarizados en vehículos está prohibido en el reglamento de tránsito de Acapulco, a principios de la anterior administración municipal, encabezada por Luis Walton Aburto, se llevó a cabo una intensa campaña para invitar a los conductores a quitar la película de los vidrios.

Después de varios días de difusión, los agentes de tránsito salieron a las calles a obligar a los conductores a deshacerse de ese aditamento y se les advirtió que si reincidían serían sancionados de acuerdo con el reglamento.

Sorprende que ahora, de la nada, haya surgido la disposición gubernamental de aplicar el alcoholímetro en Acapulco, aprovechando el fin de semana largo. El acto fue a mansalva, premeditado, atentatorio.

Sorprende del mismo modo que, tras admitir que nada sabía de la medida porque no lo informaron, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, no haya dicho nada en defensa de la autonomía municipal y, sobre todo, de Acapulco.

La aplicación del alcoholímetro hace recordar los análisis sanitarios sorpresivos que el gobierno federal suele aplicar en las aguas de Acapulco meses antes de temporada alta y difunde los resultados exactamente unos días antes de que comience.

Esto daña la imagen del puerto, donde tres o cuatro playas suelen presentar un índice de coliformes mucho más alto de lo permitido y son declaradas no aptas para actividades recreativas, lo que ahuyenta a los visitantes.

Los prestadores de servicios turísticos, lo mismo que autoridades estatales y municipales, han reclamado airadamente a los organismos encargados de realizar los estudios que den a conocer sus resultados cuando está a punto de empezar la temporada vacacional. Sugieren que, en todo caso, se revelen con anticipación para que las autoridades corrijan las anomalías a tiempo.

Las inspecciones –quién sabe por qué razones– ya casi no se realizan. Sería sano que, tomando en cuenta al gobierno municipal, las autoridades estatales analizaran a conciencia la conveniencia de aplicar el alcoholímetro.