Hace falta apoyo de las entidades federativas para combatir el delito de secuestro, afirmó la coordinadora nacional antisecuestro, Patricia Bugarín, al participar en una conferencia de prensa citada por la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

Tras la presentación del informe mensual sobre el índice de delitos de alto impacto en el país, la funcionaria federal afirmó que el trabajo que se realiza en contra de grupos de secuestradores debe ser reforzado, y aunque sostuvo que el gobierno federal trabaja en la capacitación de los elementos que combaten este ilícito, hay estados que no garantizan la operación de las unidades especializadas en esta materia.

‘‘El trabajo tiene que reforzarse. Nos falta mucho apoyo’’, dijo la funcionaria, para luego agregar un exhorto a las autoridades estatales para que ‘‘enmienden lo que no se ha hecho bien y refuercen lo que han venido haciendo correctamente. Nos queda mucho trabajo por hacer.’’

Bugarín insistió en que a más tardar en dos meses el gobierno federal llevará a cabo acciones de supervisión en cuanto al ejercicio de los recursos destinados a la integración o capacitación de los grupos especializados contra el secuestro.

Apoyo a víctimas

Señaló asimismo que la autoridad federal siempre está disponible para escuchar a la ciudadanía, particularmente habló de la Policía Federal (PF), corporación que –dijo– atiende de manera inmediata a las víctimas.

Sin embargo, resaltó que al final del día las víctimas tienen que acudir a alguna autoridad en busca de ayuda, y dijo que lo ideal es que ‘‘cada estado del país tenga condiciones óptimas para trabajar y que se generen las condiciones de confianza para que las personas afectadas acudan a las autoridades de su propio estado’’.

Aunque Bugarín no señaló cuáles son las entidades que carecen de unidades especializadas antisecuestro o cuáles estados son los que menos apoyan el trabajo de la Federación en esta materia, reconoció la labor que realizan las unidades especializadas de los estados de Sinaloa, Nuevo León y Puebla.

En tanto, Francisco Rivas, dirigente del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que pese al trabajo que ha sido realizado por diversos actores sociales para mejorar las condiciones de seguridad y justicia en nuestro país, ‘‘la meta continúa encontrándose bastante distante. Esto resulta más que evidente si tomamos en consideración las cifras que dan cuenta de la incidencia y prevalencia de delitos y de violaciones a derechos humanos, entre otros ilícitos que afectan a la ciudadanía.

‘‘La razones de lo anterior son diversas, sin embargo, en el observatorio creemos que esto se debe a que no ha existido hasta ahora un compromiso parejo ni sincero por parte de las autoridades responsables de prevenir y dar seguimiento a estos delitos, así como localizar a las personas con vida y castigar a los responsables de estos secuestros.’’.