El pleno del Senado aprobó ayer la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se contemplan 276 nuevas obligaciones para los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos políticos y sindicatos, luego de un debate de cinco horas, centrado en la crítica de algunos legisladores de que el Congreso incumple la norma que creó, ya que no ha hecho público el uso de los recursos millonarios que recibe.

La nueva ley fue aprobada con 88 votos en favor, tres en contra y tres abstenciones, y se turnó a la Cámara de Diputados.

Los presidentes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Gobernación, Pablo Escudero y Cristina Díaz, respectivamente, sostuvieron que se trata de una ley de avanzada, que incluyó modificaciones de última hora que la enriquecieron, entre ellas que, por primera vez se señala al Poder Judicial la obligación de propiciar el acceso del público a las audiencias y sesiones en las que se resuelvan asuntos jurisdiccionales, así como procurar la utilización de un lenguaje sencillo en sus resoluciones.

Escudero recalcó que hay también nuevas obligaciones para las fuerzas armadas y en materia de seguridad pública y procuración de justicia. La senadora priísta Díaz destacó que al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa se le obliga a poner a disposición del público la información sobre la política de evaluación educativa, así como los resultados de la misma.

Por su parte, el presidente de la otra comisión dictaminadora, la de Estudios Legislativos segunda, Alejandro Encinas, resaltó que se eliminaron las atribuciones adicionales al consejero jurídico de la Presidencia de la República, se fortalecieron las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y en el caso de temas polémicos se mantuvo la prohibición de reservar información sobre violaciones graves de derechos humanos.

Sin embargo, los senadores Manuel Bartlett y Javier Corral consideraron que la ley contiene ausencias importantes, así como ambigüedades e indefiniciones que permitirán a las autoridades escamotear la transparencia.

Corral sostuvo que en los temas del Congreso, partidos y sindicatos no se avanzó ni una coma en la rendición de cuentas. Resaltó que el poder que hizo la ley y se la impuso a otros poderes, no la cumple, al dejar en la opacidad el empleo de más de 50 por ciento del presupuesto que recibe en ambas cámaras.

Hay que atajar la sospecha de que grandes decisiones del Congreso se manejan con dinero, insistió Corral, quien adelantó que por ello se abstendría en la votación.

El tema provocó la confrontación entre la senadora del PT Layda Sansores y el coordinador del PRD Miguel Barbosa luego de que la petista acusó que el pasado 30 de agosto venció el plazo que los propios legisladores se dieron para transparentar sus gastos y erogaciones.

Sansores sostuvo que las cámaras se han convertido en un paraíso de privilegios, derroche y corrupción. Por eso nos gritan bandidos en la calle y se dirigió a Barbosa para decirle que se vale soñar, ya que en su informe de labores sostuvo que en el Senado hay transparencia.

Barbosa subió a tribuna a responderle que en el caso del grupo del PRD es público ya –están en su página de Internet– el destino que da cada senador perredista a los recursos públicos que recibe. De paso, adelantó que va a pedir, vía transparencia, información sobre los recursos públicos que Sansores recibe y cómo los usa.

Desde su escaño, Sansores le gritó que pidiera también la información de los demás coordinadores, incluido el priísta Emilio Gamboa, lo que obligó al presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, a intervenir y terminar con la discusión.

El pleito sobre el tema siguió y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, Alejandro Encinas, reconoció que el Senado está en falta. Aclaró que aunque las dos cámaras del Congreso se dieron un plazo para poder cumplir con las nuevas obligaciones en materia de transparencia, este plazo venció ya y a partir del primero de septiembre pasado, tanto los grupos parlamentarios como cada uno de los senadores deben hacer públicos los recursos presupuestales que se les asignan para cumplir con su función legislativa.

La senadora del PRD Dolores Padierna resaltó que la ley no fija obligaciones de transparencia a Pemex ni a las empresas privadas que participarán en la explotación del petróleo.

Se rechazaron las 25 reservas presentadas y se aprobó la nueva ley, luego de abrogar la anterior Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que fue la primera legislación secundaria a la reforma constitucional en la materia.