De los casi 100 asesinatos de mujeres cometidos en Baja California este año, sólo cinco han sido considerados feminicidios. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera, exhortó al gobierno a investigar los asesinatos violentos de mujeres con perspectiva de género. En enero pasado la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos pidió la intervención del gobierno federal para atender la violencia misógina, ante el creciente número de mujeres desaparecidas, asesinadas o agredidas en el seno familiar.

Setenta por ciento de las llamadas que recibe el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) en Baja California son por violencia familiar, pero en el estado asesinar a una mujer no es delito grave. En marzo pasado los diputados reformaron el Código Penal y olvidaron incluir el feminicidio como delito grave. Algunos jueces han tenido que reclasificar los asesinatos como homicidio calificado para evitar que el responsable salga libre bajo fianza. Sin embargo, ello provoca un subregistro de casos.

La administración estatal tiene pendientes 14 recomendaciones que le hizo un grupo de investigadoras elegidas por la Secretaría de Gobernación, a raíz de una solicitud para declarar alerta de género en el estado. En Mexicali se ha presentado el mayor número de agresiones. La secretaría de seguridad pública municipal atiende 600 denuncias mensuales por violencia familiar. El Congreso del estado otorgó facultades a los jueces municipales para expedir órdenes de protección, medida cautelar que permite a una mujer separarse del agresor con apoyo policial.