A menos de un mes de que venza el actual periodo legislativo, diversas organizaciones civiles y de derechos humanos expresaron su ‘‘temor fundado’’ de que el Senado sea incapaz de aprobar la ley general de desaparición forzada que incluya los mínimos estándares, las recomendaciones emitidas por organismos internacionales y las aportaciones de las familias de las víctimas.

Advirtieron que aunque el plazo constitucional de 180 días que se dieron los legisladores para sacar adelante dicha ley vence el próximo 6 de enero, el actual periodo legislativo concluye el 15 de diciembre, es decir, quedan apenas 23 días y unas ocho o nueve sesiones plenarias. Pero lo peor, indican, es que no se observa voluntad política de aprobar una ley que cause un impacto real en la problemática de las desapariciones forzadas que vive el país y que se agudiza en medio de la impunidad.

Organizaciones y colectivos como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro Pro, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!, Fundar y Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, entre muchos otros, han presentado una serie de recomendaciones contenidas en varios documentos de propuestas entregados al Senado para ser tomados en cuenta.

Algunos de ellos han planteado ‘‘requisitos indispensables’’ que debe contemplar dicha legislación, cuya elaboración surgió por presiones de organizaciones de la sociedad civil, de familiares de víctimas y de organismos internacionales, así como por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

El más reciente de estos documentos, resultado de un proceso de seis consultas en diferentes partes del país –convocado por el Movimiento por Nuestros De-saparecidos en México–, ya fue entregado a tres comisiones del Senado encargadas de dictaminar la futura legislación.

En el documento se señala que debe tratarse necesariamente de una ley general sobre desapariciones forzadas y desapariciones por particulares.

Para que la ley pueda causar un impacto real en la situación de personas desaparecidas en México, las familias de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil exigen al Estado que el marco jurídico que se está elaborando incluya los siguientes elementos esenciales: el primero es que sea una única regulación nacional en la materia, aplicable a los tres órdenes de gobierno y sin necesidad de que las entidades lleven a cabo la actividad legislativa complementaria para la vigencia de los contenidos de la ley, y se les obligue a que expidan sus propias leyes locales.

Asimismo, que se reconozca la problemática de las desapariciones en su verdadera dimensión, magnitud, causas estructurales y circunstancias, así como las limitaciones y vicios del quehacer institucional que impiden emprender con debida diligencia las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

En una amplia serie de coincidencias, las organizaciones y colectivos exigen una tipificación del delito de desaparición forzada y tipo penal de desaparición perpetrada por particulares, así como la creación de un sistema nacional de búsqueda que integre diferentes mecanismos y registros.

Entre estos últimos se encuentra el registro único de personas desaparecidas, de personas vivas con identidad desconocida, de personas fallecidas sin identificar, y una red eficiente para el cruce de información.