Expertos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) señalaron que la reforma en el sector emprendida por la actual administración ‘‘carece de un proyecto que la guíe y le dé sustento y se reduce a un conjunto de modificaciones legales para la administración del sistema escolar’’.

Los académicos subieron al portal change.org una petición dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la que advirtieron que la reforma educativa ‘‘se limita a regular las condiciones laborales del magisterio a través de procedimientos de evaluación que, lejos de contribuir a la mejora docente, conforman un aparato abigarrado de control y vigilancia al que son sometidos de manera vertical y autoritaria los profesores’’.

El documento es suscrito por 80 de los 116 miembros del Comie, así como por decenas de participantes del 13 Congreso Nacional de Investigación Educativa, organizado por este consejo y que se realizó en Chihuahua, Chihuahua, entre el 16 y 20 de noviembre. Entre quienes lo firman destacan María de Ibarrola y Eduardo Weiss, del Cinvestav; Ángel Díaz Barriga e Imanol Ordorika, de la UNAM; y Manuel Gil Antón, de El Colegio de México, entre otros.

Más de 3 mil 550 firmas

Hasta ayer por la tarde, la solicitud contaba con más de 3 mil 550 firmas de apoyo. En ella, los expertos subrayaron que las modificaciones en la materia se hicieron sin la participación ni la consulta debida a los maestros. ‘‘Se les concibe como objetos y no como sujetos, actores imprescindibles en la transformación requerida. La reforma se ha fincado en la estigmatización del magisterio. Con ello, no sólo se perdió al actor principal de cambio en los procesos educativos, sino que se le desautorizó socialmente y se le condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo’’.

Para quienes suscriben el documento, la reforma educativa tiene ‘‘un carácter punitivo’’, además de que los criterios rectores y las prácticas de evaluación ‘‘son imperfectas y poco confiables. El apresuramiento en su diseño y construcción han impedido una validación adecuada de las pruebas y existe una gran improvisación en la capacitación de evaluadores. En suma, no se garantiza una evaluación confiable y en cambio se ponen en juego las condiciones de vida de cientos de miles de profesores’’.

Consideraron que lo que está en juego ‘‘es vital para México. No es válido que la prisa, el prejuicio o la arrogancia pongan en riesgo un proceso tan importante como es la educación. Hay que sustituir el ruido y la amenaza con espacios para el debate, el diseño concertado y la negociación de los caminos por los que ha de transitar la renovación educativa’’.