os desgajamientos de tierra que han ocurrido en una zona residencial de Santa Fe, delegación Cuajimalpa, en esta capital, han generado un conjunto de acusaciones y contracusaciones entre los diversos actores involucrados en el asunto.

Paralelamente, la situación en el terreno se complica y agrava por nuevos deslaves –el más reciente, provocado por el temblor que sacudió ayer varias zonas del país– y se acentúa el peligro para los habitantes de la colonia Prados de la Montaña.

Aunque la acción urgente y prioritaria en este caso consiste en concluir los análisis de riesgo en ese y en otros puntos de Santa Fe y aplicar las medidas de protección civil que resulten necesarias a fin de evitar la pérdida de vidas y, en la medida de lo posible, de bienes, es inevitable también esclarecer las responsabilidades de propietarios, empresas constructoras y autoridades presentes y pasadas, tanto en la delegación referida como en el Gobierno del Distrito Federal.

Más allá de lo que indiquen las leyes aplicables, salta a la vista que en la colonia Prados de la Montaña y en otras de esa área del poniente de la ciudad el afán de lucro, la especulación inmobiliaria y la sed de ostentación han imperado sobre el sentido común.

Las edificaciones construidas prácticamente al borde de taludes casi verticales, algunas de las cuales tienen decenas de plantas, son desarrollos inevitablemente riesgosos, por espectaculares que sean sus estructuras de cimentación y refuerzo.

En el caso de Santa Fe, que fue una zona de minas de arena y de rellenos sanitarios –es decir, de suelos de naturaleza inestable–, esta clase de construcciones constituyen una abierta insensatez.

Difícilmente podría explicarse el desatino por un solo factor. En el caso del deslave en la calle Altavista 11 las autoridades delegacionales acusaron a la empresa American Tower y al propietario de una residencia afectada de haber falsificado licencias de construcción y el permiso de instalación de una antena de telefonía móvil. Aun si ello fuera cierto, es ineludible que fallaron los mecanismos de supervisión de la autoridad porque, con o sin documentos, la casa, los edificios aledaños y la antena en cuestión no habrían debido colocarse allí. Y si los documentos fueran auténticos, sólo podrían explicarse como resultado de la corrupción.

En suma, es posible que los deslaves ocurridos en la colonia Prados de la Montaña dejen al descubierto una red de torpezas, irregularidades e irresponsabilidades en la que confluyen fraccionadores, constructores, propietarios y funcionarios públicos, a condición de que exista la voluntad política para investigar y esclarecer, no sólo para deslindar responsabilidades sino también para arrojar luz sobre un caso paradigmático de desarrollo urbano improcedente y contribuir a que no vuelva a ocurrir algo semejante.

Cabe esperar que el gobierno de Miguel Ángel Mancera sea capaz de extraer de esta circunstancia peligrosa y lamentable enseñanzas que serían, literalmente, edificantes.