Hasta hace siete años, las elecciones eran para las televisoras un negocio de miles de millones de pesos y un poderoso factor en la política. En 2000 dieron tarifas 10 veces más altas al candidato de la izquierda que al del PRI, mientras en otras campañas concedían horarios preferentes de transmisión o bonificaciones a discreción, como muestran diversas quejas tramitadas en el otrora Instituto Federal Electoral (IFE).

Sin el modelo que prohibió a finales de 2007 la contratación de espots políticos a los concesionarios –cuya contrarreforma impulsa quien fue uno de sus artífices, el dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones–, el control de los monopolios mediáticos sobre los procesos electorales tenía alcances ilimitados.

La historia del cambio que significó aquella reforma bien puede contarse a partir de la relación que han sostenido las autoridades electorales con las televisoras. En dos décadas ésta ha pasado por etapas de confrontación, de complacencia y hasta de sumisión a los concesionarios.

Todavía en 2006 el IFE era una especie de cajero de las televisoras y radiodifusoras. En esas elecciones les transfirió más de 400 millones de pesos por el pago de espots políticos, de la bolsa que administraba, aparte de los mil 200 millones de pesos pagados directamente por los partidos políticos, o sea 70 por ciento del monto de sus prerrogativas, según cifras de los informes partidistas de ese año.

El negocio de los concesionarios había ido en aumento. Dicho entonces por el consejero electoral Andrés Albó: en 1997 los partidos políticos destinaron 55 por ciento de sus prerrogativas al gasto en radio y televisión; en el 2000 en las campañas presidenciales el porcentaje fue de 75 por ciento del gasto reportado; en 2003 destinaron 41 por ciento sólo en televisión.

Era impensable que se exigiera a las televisoras transmitir promocionales políticos sin que mediara pago, como sucede ahora. El 3 de octubre de 2005 lo más que hizo Luis Carlos Ugalde fue firmar un convenio con el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, donde se comprometía a la empresa a entregar información de los contratos y tarifas dadas a los partidos políticos. Otro convenio similar se suscribió con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT); ambos se cumplieron parcialmente.

Por esa época, la petición de acceder a tarifas únicas reunió a todos los partidos políticos, incluido el PRI, pero las televisoras adujeron que era imposible hacerlo según las reglas de la oferta y la demanda. El IFE las secundó.

Para acceder a la bolsa millonaria administrada por el instituto, los concesionarios iban a las instalaciones del instituto para ofrecer a los partidos políticos paquetes de servicios. Pero las tarifas no se respetaban. Nos daban las más caras, recuerda el abogado Fernando Vargas, representante del PRD ante el Comité de radio y televisión, quien ha elaborado numerosas quejas sobre el tema.

“Ellos te vendían con tarifas y horarios que querían. Aparte a nosotros nos decían: ‘es que el PAN y el PRI compraron un plan diferente’, y la otra trampa consistía en que los bonificaban con más espots”.

Y como no se realizaban monitoreos –actualmente hay todo un sistema en el INE para ese fin–, era difícil comprobar dichas disparidades.

Sin embargo, en la elección de 2000 Cuauhtémoc Cárdenas pagó 100 mil 529 pesos por espot; Francisco Labastida, 10 mil 589, y Vicente Fox, 48 mil 153 pesos, indican cifras de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos.

En los comicios de 2006 se comprobó que Andrés Manuel López Obrador pagó 200 millones de pesos más que el PAN por la transmisión de menos espots.

Dicho esquema se rompió en 2007, cuando convergieron PRI (siendo oposición en el gobierno de Felipe Calderón), PAN y PRD para reformar la Constitución e implantar en México un modelo inspirado en el europeo, mediante el cual se destinan tiempos del Estado para la difusión de propaganda y se prohíbe la contratación a particulares.

El poder de las televisoras se quebró, pero no dejaron de intentar darle la vuelta al modelo. Fue cuando Tv Azteca se negó a difundir miles de espots, que aún debe al INE, y el Partido Verde, en combinación con las televisoras, utilizó a actores como Raúl Araiza para anunciarse en telenovelas o programas de entretenimiento con el eslogan Yo soy Verde, frase que en 2015 se convirtió en El Verde sí cumple.

Desde entonces las televisoras no han dejado de maniobrar para debilitar el esquema de comunicación política, al negarse a agilizar la transmisión de los anuncios o a bloquear, lo que implica transmitir los promocionales de manera diferenciada por emisora, punto medular de una larga batalla que aún sigue.

Durante ese tiempo, varios consejeros se confrontaron con las televisoras y hasta fueron blanco de campañas mediáticas en su contra. Algunos se quejaron de que los partidos políticos los dejaron solos y optaron por evitar el enfrentamiento o hasta defender los intereses de los concesionarios. Otros, como el consejero Lorenzo Córdova, defienden el modelo aunque ha dejado claro que no serán punta de lanza del Estado contra las televisoras.