Demandan transparencia y no politizar los nombramientos
Martes 24 de noviembre de 2015, p. 18
Una decena de organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos alertaron que el Senado podría designar, mediante un proceso de fast track, a los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Expresaron su preocupación frente a las enormes deficiencias
que tiene el actual proceso de designación, en que, por una parte, el presidente Enrique Peña Nieto no justificó sus propuestas presentadas en dos ternas, y por otra el Poder Legislativo ha modificado varias veces el procedimiento para la elección.
En conferencia de prensa, representantes de estas organizaciones destacaron la importancia que tiene para un régimen democrático la designación imparcial y transparente de sus máximos jueces, por lo que exigieron que esos nombramientos no se politicen.
Sin embargo, declararon que, dadas las circunstancias y condiciones del actual proceso, hay temor de que se trate de una simulación
en el análisis de los perfiles de los aspirantes y de nueva cuenta se elija a candidatos cuestionados, en clara referencia al recién nombrado ministro Eduardo Medina Mora.
El próximo 30 de noviembre, los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero concluyen su periodo, por lo cual el presidente Peña Nieto envió al Senado dos ternas, integradas, la primera, por Sara Patricia Orea Ochoa, Norma Lucía Piña Hernández y Verónica Judith Sánchez Valle, mientras la segunda está constituida por Álvaro Castro Estrada, Javier Laynez Potisek y Alejandro Jaime Gómez Sánchez. Este último es el procurador del estado de México, y fue subprocurador cuando Peña Nieto era gobernador de ese estado.
Insistieron en que, contra todo lo razonable, los senadores podrían designar a los ministros este mismo martes, cuando el pleno reciba a cada uno de ellos durante 20 minutos para que expongan su posible plan de trabajo, en caso de ser electos a la SCJN.
Entre las organizaciones que pidieron transparencia y respeto mínimo al procedimiento de evaluación se encuentran Fundar, el Instituto de Justicia Procesal, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, México Evalúa, Borde Jurídico, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y el Centro Pro de Derechos Humanos.
Aunque no detallaron sobre el perfil de los integrantes de las actuales ternas, expresaron que ninguno tiene una trayectoria en materia de derechos humanos, hecho que también demuestra que para el presidente Peña ese tema no es prioridad.
Entre las debilidades
del actual proceso las organizaciones señalaron la ausencia de un método y criterios claros, así como poca información sobre los perfiles de los candidatos, por lo que apremiaron a una reforma de fondo que defina con claridad los procedimientos a seguir para estas designaciones.