l titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó ayer una recomendación por violaciones graves a garantías cometidas el 6 de enero de este año en Apatzingán, Michoacán, por la Policía Federal (PF). En el informe se documenta el uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de cinco personas y la ejecución extrajudicial de una más. El reporte, dirigido a la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, el gobierno michoacano y la presidencia municipal de Apatzingán, señala asimismo imprecisiones e inconsistencias en los informes de la corporación policial y de las necropsias y peritajes de la procuraduría del estado.

En la fecha referida integrantes de la Fuerza Rural –creada en Michoacán por el ex comisionado Alfredo Castillo para asimilar a los grupos de autodefensas surgidos en la entidad contra la descontrolada criminalidad– realizaban un plantón en protesta porque su grupo había sido disuelto días antes por el propio funcionario sin que se les pagaran los salarios convenidos y porque habían quedado en situación de indefensión ante los grupos criminales que habían combatido. De manera sorpresiva elementos de la Policía Federal dispararon sobre ellos y posteriormente acribillaron a otros autodefensas que llegaron en su auxilio. El saldo de ambos ataques fue de nueve muertos, un número indeterminado de heridos –algunos de ellos graves– y 44 detenidos por las fuerzas del orden, todos los cuales, menos uno, fueron puestos en libertad por falta de pruebas.

Es pertinente, asimismo, mencionar que en conferencia de prensa Castillo aseguró que todo se había reducido a un desalojo de los manifestantes y que en los hechos sólo había fallecido un individuo, atropellado, aseguró, por sus propios compañeros. Hasta la fecha los delitos cometidos ese Día de Reyes siguen impunes.

Diversos testimonios de sobrevivientes y de testigos, así como documentos de la propia investigación oficial, refieren una historia muy distinta: lo ocurrido en Apatzingán la mañana del 6 de enero fue un injustificado y criminal ataque con armas de fuego por la fuerza pública contra civiles en su mayoría desarmados –o provistos únicamente de palos– y un gravísimo atropello a los derechos humanos, comparable a lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, estado de México, y también, posiblemente, al ataque policial a un rancho en Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo de este año, sobre el cual la CNDH aún no se ha manifestado.

Las ejecuciones extrajudiciales serían uno de los denominadores comunes entre los tres episodios. El otro, el empecinamiento de las autoridades en negar su responsabilidad y en encubrir a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. Al respecto, en la recomendación presentada ayer por González Pérez se asienta que la investigación del ombudsman hubo de enfrentar obstáculos interpuestos por efectivos y mandos de la Policía Federal y la procuraduría estatal.

Es inadmisible que del seno de corporaciones que debieran garantizar la paz, la seguridad y la integridad física de las personas surjan agresiones criminales contra cualquier ciudadano. Por ello, en los tres casos referidos el encubrimiento y la impunidad deben ser cortados de tajo. Cuando no se hace justicia ante atropellos de las fuerzas públicas civiles y militares se alienta la repetición y la multiplicación de violaciones a los derechos humanos y, con ello, las instituciones socavan su propia autoridad ante la población y trazan una ruta corta a la ingobernabilidad.