a situación de violencia y ataques masivos o selectivos contra organizaciones, grupos, movimientos sociales y personas por su trabajo político y de defensa de derechos humanos es recurrente y preocupante en México. Esto además afecta de manera más directa a comunidades o personas que a lo largo de la historia han sido oprimidos y marginados por los malos gobiernos que se han impuesto autoritariamente.

En semanas pasadas nos enteramos del caso de defensores de derechos humanos agredidos en la ciudad de México. Son integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), esfuerzo político que tiene como fin luchar por erradicar toda forma de opresión. Quienes lo integran reivindican el trabajo colectivo desde abajo, como alternativa viable ante el proceso de deshumanización que significa el capitalismo y sus políticas neoliberales, cuyas consecuencias implican el empobrecimiento de algunos pueblos en México y el mundo. Se guían bajo los principios de una organización que busca transformar la sociedad mexicana, coadyuvando con sus esfuerzos, y convencidos de que es el pueblo quien debe decidir su destino histórico. Su trabajo se ha caracterizado por la búsqueda constante de confluencias a lo largo del país entre los diversos sectores y grupos marginados de la ciudad y el campo. Se han posicionado a lo largo de los años contra esos malos gobiernos, y denunciado sus mecanismos de represión y control. Asimismo han asumido la lucha por la libertad de los presos políticos y de conciencia, y por la presentación con vida de las personas desaparecidas. Exigen el cese a la militarización de las comunidades, el alto a la criminalización de la protesta social, y el pleno respeto a los derechos humanos.

Por desgracia nos enteramos que el pasado sábado 7 de noviembre Jesús Hernández Reyes y Rubicel Hernández García, integrantes de esa agrupación, junto con Matías Flores Hernández, integrante del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Codhhso), fueron atacados con arma de fuego en la delegación Iztapalapa de esta ciudad de México. De acuerdo con la información difundida por el FNLS, el atacante fue un hombre vestido de civil y de apariencia militar. Las víctimas del ataque, todas de origen indígena y defensoras de derechos humanos, fueron lesionadas en diversas partes del cuerpo. Jesús fue dado de alta del Hospital General Balbuena el mismo día del ataque; Matías, el día 18 de noviembre, mientras Rubicel, tras haber recibido el diagnóstico de que podría quedar sin control de esfínteres y sin movilidad en las piernas, fue intervenido quirúrgicamente en la columna vertebral en el Hospital de la Villa el mismo 18. El FNLS calificó el ataque de intento de ejecución extrajudicial, pues las personas agredidas se encontraban en el Distrito Federal para denunciar la ejecución extrajudicial de Héctor Sántiz López, acaecida en Chiapas el 29 de septiembre pasado. Además el agresor, a decir del testimonio de las víctimas, les gritó que los balaceaba por andar de chismosos. Esto proporciona indicios de que la agresión cometida está directamente relacionada con sus demandas de justicia por el asesinato de su compañero de organización.

En un documento dirigido a la Secretaría de Gobernación solicitan que Rubicel Hernández García sea trasladado al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y Matías Flores Hernández y Jesús Hernández Reyes al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán hasta su total recuperación. Asimismo, y debido a la gravedad del asunto, se requiere una mesa de interlocución de alto nivel con esa secretaría, con el objetivo de que las autoridades escuchen a las víctimas y den soluciones sobre los recientes ataques de los que fueron objeto. Se deben también emprender las debidas investigaciones para esclarecer los hechos de la ejecución extrajudicial de Héctor Sántiz López, y de igual forma investigar, al tiempo que se previenen mayores violaciones a derechos humanos de grupos particulares que han herido y retenido ilegalmente a otros habitantes del ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo, Chiapas, pertenecientes a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) del FNLS.

Tanto el gobierno federal como el de Chiapas deben abrir e iniciar investigaciones por estos hechos, y llevar a juicio y castigar a los responsables de todas estas violaciones graves a derechos humanos. Es muy necesario que el gobierno federal se comprometa a generar las garantías necesarias para que los miembros de organizaciones que ahora acompañan solidariamente el caso no vean impedidas sus labores de defensa de derechos humanos, y por el contrario cuenten con medios suficientes para hacer el acompañamiento a las víctimas, a sus familiares y a las organizanciones a las que pertenecen. Sería oportuno que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas emita un pronunciamiento público sobre este caso, manifestando su preocupación por los ataques a defensores de derechos humanos en el Distrito Federal, así como extender su respaldo a las organizaciones defensoras de derechos humanos que lo acompañan, como el Comité Cerezo. Este lamentable asunto confirma el clima de inseguridad generalizado en el país, incluso en esta capital que se caracterizaba por ser un oasis para periodistas y defensores de derechos humanos. Lo que sucedió con los defensores del FNLS demuestra todo lo contrario. Ahora se requiere que las víctimas vean efectivamente reparados los daños y obtengan justicia por estos ataques a su integridad física.