n tan sólo una semana, el gobierno federal y el de la ciudad de México provocaron dos conflictos laborales de graves consecuencias que requieren ser conocidos por la opinión pública. En el primer caso, en contra de los trabajadores al servicio de los organismos descentralizados del país, y en el segundo, buscando lesionar al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (Sutuacm) con efectos en la propia universidad.

El primer golpe se generó a raíz de la negativa del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), de negociar conforme a la ley las condiciones de trabajo con su sindicato; la institución promovió al mismo tiempo, la formación de un sindicato patronal. Ante esta posición, los trabajadores, en ejercicio de su derecho, optaron por ir a la huelga; sin embargo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que en este tipo de decisiones depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, decidió cancelar este derecho, archivando el expediente de la huelga unas horas antes del estallamiento. El argumento planteado por el presidente de la junta federal fue que, tratándose de un organismo descentralizado, no existe derecho ni a la negociación colectiva ni a la huelga. Así, de un plumazo, se inauguró una posición gubernamental en contra de miles de trabajadores que forman parte de las asociaciones gremiales de estos organismos en el país. Esta intención del gobierno no es nueva; antes, por otra vía, había intentado introducir de contrabando esta limitación en el artículo 123 constitucional, con motivo de la reforma política del Distrito Federal.

Por lo que se refiere al ámbito de la ciudad de México, las autoridades iniciaron inexplicablemente otro conflicto. Conviene precisar que en esta ciudad existen tan sólo unos cuantos sindicatos democráticos que hacen elecciones mediante voto universal, directo y secreto, que rinden cuentas a sus afiliados, que celebran asambleas y que negocian con veracidad sus contratos colectivos. Más de 98 por ciento de los contratos colectivos son de protección patronal, según datos recientemente aportados por funcionarios locales.

El Sutuacm ha sido desde su nacimiento una organización ejemplar en sus prácticas democráticas. El pasado mes concluyó la elección periódica de su directiva sindical, en la que participó la mayoría de sus agremiados; en una votación transparente, supervisada no sólo por una comisión electoral, sino por la comunidad entera, resultó electo secretario general el profesor Ernesto Guijosa, quien tomó posesión del cargo en un concurrido acto con la presencia de trabajadores y autoridades. Atendiendo al protocolo ordinario, se presentó la documentación electoral ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, incluyendo firmas de votantes y las constancias del cómputo suscritas por las distintas planillas.

El trámite parecía normal. Incluso los representantes obreros acreditados ante la junta local conocieron del proyecto de la llamada toma de nota, sólo faltaba una firma; sin embargo, sucedió algo inesperado, la autoridad, por supuestas instrucciones superiores, negó el registro a la nueva directiva sindical, buscando dejar al sindicato sin personalidad jurídica, mediante una resolución firmada por la presidenta Margarita Darlene Rojas Olvera y como supuesto representante de los trabajadores de esa institución Armando Peralta Martínez, persona ajena a esa institución, distinta a los representantes académicos y administrativos legalmente acreditados, Abraham de Blas y Javier Marmolejo.

El documento de negativa es de antología. Como no fue posible para la junta impugnar la elección, al ser esta impecable, la representante del Gobierno del Distrito Federal decidió fundar su oposición no en la elección misma, sino en supuestas fallas formales en el procedimiento de designación de la comisión electoral. Funda su posición en cuatro argumentos: que la convocatoria a la asamblea de la elección se formuló en una sola hoja y no en dos para distinguir lo que denominó la llamada primera y segunda convocatoria, argumento carente de sentido, sin precedente alguno.

El segundo argumento es que el orden del día para elegir dicha comisión electoral se aprobó con 278 votos a favor y 11 en contra, lo que, a juicio de la representante gubernamental, no es congruente con la asistencia inicial de 323 afiliados, o sea, que para ella el que los trabajadores decidan no votar o simplemente retirarse de una asamblea es motivo de nulidad de una elección. En ningún ámbito electoral se ha dado esta ocurrencia. Es natural la diferencia de votos entre los asistentes y aquellos que libremente deciden votar.

El tercer argumento de la representante del Gobierno del DF señala que, según el estatuto, se deben elegir ocho afiliados para formar la comisión electoral y la asamblea decidió designar a 13. En efecto, la asamblea, además de cumplir con el mínimo estatutario, decidió elegir a otros miembros del sindicato, como lo ha hecho en el pasado, para que coadyuvaran en este proceso dado las nuevas dependencias que se han creado en la universidad. Sobran los comentarios.

La última causal de negativa estriba en que en la lista de asistentes no aparece la firma de los representantes sindicales, lo cual es falso, porque se encuentran en el cuerpo de dicha lista, sin que sea obligatorio que aparezcan como se pretende, al final del listado.

El hecho real es que existe una evidente intención de funcionarios gubernamentales del Distrito Federal de generar un conflicto al cuestionar la legalidad de las relaciones laborales entre la universidad y su sindicato, mismo que agrupa tanto al personal administrativo como académico. Seguramente, quienes diseñaron esta estrategia no lograrán su objetivo desestabilizador. Hace poco tiempo, la comunidad laboral y académica de la UACM dio muestras de su fortaleza; frente a las acechanzas a su modelo educativo y social cierra filas y hace causa común.

Lo que es claro es que una representación sindical existe por voluntad autónoma de los asociados no por la decisión del gobierno. En este caso es necesario descubrir cuál es el motivo de fondo de una decisión que hace muchos años no conocíamos en la ciudad de México.