omados de la mano, Ejecutivo y Legislativo consumieron más de un año para aprobar la propuesta de reforma constitucional que desvincula el salario mínimo como medida de referencia en el cobro de multas, tarifas, precios y conexos y, para sustituirlo como tal, crearon la unidad de medida y actualización. Eso sucedió 10 días atrás, y a partir de entonces –se supone– comenzó a recorrer cada uno de los congresos estatales –por tratarse de una reforma constitucional– con el fin de dar consistencia jurídica a tal decisión.

A estas alturas sólo tres congresos estatales –Morelos, Durango y estado de México– han avalado la decisión del Congreso federal, de tal suerte que faltan cuando menos 14 para que la desindexación del salario mínimo se convierta en ley. Todo indica que nadie lleva prisa, en el entendido de que hay cosas más importantes que hacer, pues el tradicional Lupe-Reyes está a la vuelta de la esquina. Lo anterior cae como anillo al dedo a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la cual, por medio de su consejo de representantes, debe hacer pública su decisión en torno al aumento al mini ingreso para 2016, mismo que no pasará de los dos o tres pesitos tradicionales.

Mientras se toman su tiempo, el valor real del salario mínimo se mantiene en picada, y en este sentido el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM actualiza las cifras: el poder adquisitivo del mini ingreso acumula una pérdida de 83.62 por ciento, medido por medio del costo de la canasta obrera indispensable, la cual se ha incrementado de 6.86 pesos a 453.68 pesos del 16 de diciembre de 1987 al 15 de octubre de 2015.

El CAM subraya que la información real desmiente las campañas publicitarias sobre la presunta recuperación del poder adquisitivo del salario, pues al contrario de lo que se pregona hoy los trabajadores mexicanos viven un proceso de agudización de súper explotación que da vida a los ejes de acumulación de las trasnacionales; vemos cómo paulatinamente, sexenio tras sexenio, los medios de subsistencia de la clase trabajadora se han reducido, aumentando las posibilidades de enriquecimiento y acumulación de los grandes corporativos trasnacionales; de igual manera, aumenta el tiempo de labor necesario de los trabajadores en un intento por tratar de aminorar las carencias de todo tipo en el hogar, y las jornadas laborales en México se han normalizado por encima de las 8 horas estipuladas en la Constitución.

En su más reciente reporte de investigación, adelantado a México SA, el CAM contextualiza: en 1987, ante la grave crisis económica, social y política que enfrentaba México, el Estado inició un conjunto de pactos y acuerdos que permitieran resolver los principales problemas expresados, entre otros, en un grave deterioro de los salarios reales, alta inflación, inestabilidad en el mercado cambiario, fuerte incertidumbre en las perspectivas de la economía internacional, precio a la baja de las materias primas de exportación, incremento de la deuda externa y más. Con el tiempo la realidad demostró que quienes pagaron la crisis, como siempre y hasta la fecha, han sido los trabajadores. La realidad lo muestra cotidianamente con el profundo proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo (sostenida pérdida del poder adquisitivo del salario, precarización del empleo, etcétera).

Aquel pacto no quedó allí. De hecho, tuvo 10 fases y acuerdos hasta establecer la Alianza para el Crecimiento, el 26 de octubre de 1996 con vigencia hasta 31 de diciembre de 1997. De todos los pactos, acuerdos y alianzas, en ningún momento se aplicó una política que beneficiara a los trabajadores, y ya desde entonces se violó lo que por ley se establece que debe satisfacer el salario mínimo constitucional, es decir, que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

El más reciente pacto es el mal llamado por México, firmado por los tres principales partidos políticos nacionales (PRI, PAN y PRD). Con base en la realidad, históricamente los resultados, las consecuencias y quienes han sido beneficiados y quienes han pagado los costos de las crisis, la respuesta es clara y contundente. Los que han pagado las crisis han sido las familias de los trabajadores, de los asalariados, quienes han sido condenadas a vivir y laborar en condiciones cada vez más precarias, más miserables y los que se han beneficiado han sido los grandes capitales nacionales y sobre todo trasnacionales. Es decir, el actual salario mínimo garantiza, al capital, la permanente reproducción de la fuerza de trabajo en condiciones de vida y de trabajo miserables; garantiza la existencia y reproducción de la pobreza, contribuyendo a acelerarlas y perpetuarlas.

De diciembre de 1987 a octubre de 2015, el salario mínimo nominal se multiplicó por 11 (de 6.47 a 70.10 pesos), mientras que el precio de la canasta obrera indispensable se multiplicó por 66 (de 6.86 a 453. 68 pesos). Esa es la pérdida real del poder adquisitivo del salario mínimo, que el gobierno y los patrones creen solventar con aumentos anuales al mini ingreso de entre dos y tres pesos.

En 1987, detalla el CAM, con un salario mínimo diario se podía adquirir 94 por ciento de la canasta obrera indispensable, mientras que el 15 de octubre de 2015 sólo se adquiría 15 por ciento de la misma canasta, lo que expresa claramente que el poder adquisitivo ha continuado disminuyendo con el paso de tiempo y sigue esa tendencia en la actualidad, pues ha acumulado una pérdida de compra de 83.62 por ciento.

El CAM subraya que lo anterior explica por qué, a pesar de los miles de millones de pesos (oficialmente) invertidos en programas, la pobreza creció 58 por ciento en 42 años, lo que deja en evidencia que la administración de Enrique Peña Nieto no ha mostrado ser distinta a las anteriores, pues más de 102 millones de mexicanos no pueden comprar la canasta básica constitucional integral, que cubre las necesidades básicas que marca la Constitución e incluye bienes y productos de primera calidad. Así, con Peña Nieto el poder adquisitivo del salario ha disminuido 9.65 por ciento.

Las rebanadas del pastel

Lo grave no es el sempiterno cuan repugnante servilismo de Javier Lozano Alarcón y Roberto Gil Zuarth (entre otros) a los poderes fácticos, sino cómo es posible que oscuros personajes como éstos terminen en el cada día más devaluado Senado.

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