Oaxaca, Oax.

Bajo alerta terrorista y aún con la mirada puesta en el 11 de septiembre parisino, la ciudad de Nueva York celebró el pasado jueves el Thanksgiving Parade. La policía calculó una asistencia de 3 millones de espectadores y puso en las calles a 2 mil 500 policías, incluyendo francotiradores y otros expertos. Con mayor modestia pero con una fe inimitable en la prevención, las autoridades mexicanas desplegaron ayer 5 mil policías para proteger a 4 mil 900 maestros inscritos para realizar un examen que es apenas un punto de un subtema, que a su vez es parte de uno de los siete ejes del cambio educativo propuesto por el gobierno.

La cifra de los 5 mil policías la proporciona Jorge Ruiz, secretario de Seguridad Pública de la entidad, y sólo se refiere a los elementos de la Policía Federal, Gendarmería y estatal que estarán en las inmediaciones de la Ciudad Administrativa, lugar elegido para darle la última estocada a la sección 22 del SNTE, si es que eso significa que se evalúe a menos de 5 mil de 75 mil docentes.

El federalismo fue dado por muerto en el Michoacán de 2014, cuando el gobierno central desplazó a todas las policías locales y luego a todos los funcionarios estatales encargados de temas de seguridad. Así que ya no es extraño que Miguel Muñoz, coordinador general de comunicación social del gobierno de Oaxaca, tenga la cara roja de coraje porque un sargento de la Gendarmería le niega el paso.

Al final, después de muchos alegatos y de mostrar identificaciones, al colaborador de Gabino Cué le permiten salir de la zona de la Ciudad Administrativa (otro gallo cantaría si hubiese pretendido entrar).

La escena es inmejorable para ilustrar lo que ha sucedido desde que el gobernador de Oaxaca, que llegó al poder de la mano de la sección 22 y de muchas organizaciones sociales afines al poder magisterial, decidió cambiar de aliados, evitar el juicio político y granjearse el respaldo de los oaxaqueños hartos de los abusos magisteriales. Bueno, por lo menos así lo explica un alto funcionario del gobierno estatal quien añade: Gabino ganó muchos puntos con el ciudadano de a pie, con el oaxaqueño común que estaba harto de los abusos de los líderes del magisterio.

El funcionario de marras explica que las claves que llevaron a Cué a abandonar sus empeños de hacer una versión tropical de la reforma educativa, se encuentran en su visita al Senado, una semana antes de que acompañara al entonces secretario Emilio Chuayffet en el anuncio del fin del viejo Ieepo (Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca).

Algunos senadores lo defendieron, pero al menos tres sugirieron que lo que le esperaba, de no aceptar que la reforma educativa se aplicara en sus términos, era el juicio político y probablemente la cárcel.

Para muchos funcionarios del gobierno oaxaqueño, entre quienes se cuenta el que dialoga con este diario, la decisión de Cué le ha ganado un lugar en la historia del estado: Ya no se podía tener trato con un grupo de poder que hacía lo que quería, al que el gobernador tenía que dedicar dos tercios de su tiempo y que, además, hasta lo ofendía cotidianamente.

Ciudad cercada

En lugar de ese grupo de presión local, si uno se guía por la versión del funcionario, el gobierno de Oaxaca tiene ahora el escenario siguiente: los recursos para pagar a los trabajadores de la educación los maneja nuevamente la Federación; los términos y condiciones de la evaluación magisterial –la verdadera madre de todas las reformas– han sido establecidos por el gobierno central; el gobierno estatal tiene cada vez un margen menor de acción sobre las decisiones educativas, sobre todo porque le han comenzado a imponer funcionarios traídos de otras entidades, ya sean cuadros de otros institutos educativos o del SNTE institucional. Y, por añadidura, los más altos funcionarios del gobierno de Oaxaca tienen que pedir permiso para salir de la zona de sus oficinas… a un sargento de la Gendarmería.

Los maestros de la sección 22 decidieron no regalar a Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la oportunidad de probar que, de oponerse, hallarán una autoridad fuerte. El despliegue policiaco podría disuadir a cualquiera. Y no se dice sólo por los granaderos que muy de mañana bloquean al menos cinco puntos en los alrededores de la Ciudad Administrativa –complejo de edificios del gobierno estatal que Ulises Ruiz hizo para inflar los costos que fueron nuevamente inflados por su sucesor–, sino por los tres helicópteros que disuaden desde el aire, por las tanquetas de la Policía Federal que reciben a los viajeros y por el bombardeo en los medios locales que advierte, amenaza no tan veladamente y genera la idea de un consenso a toda prueba.

No es justo.

Es humillante.

Profesores trasladados casi a fuerza en helicópteros policiacos.

Y amenazados por los presidentes municipales para presentarse a la evaluación.

Las anteriores son las voces que se escuchan en el zócalo, donde la sección 22 ha convocado a un mitin vespertino que nunca comienza.

Que será a las cinco, a las seis, más tarde. Que ya detuvieron a fulano o perengano. Que zutano anda escondido. Los rumores se acompañan de las convenientes filtraciones del gobierno que aseguran que hay decenas más de órdenes de aprehensión, etcétera.

Los rumores no nacen de la nada, porque uno puede pasar tres horas en la Ciudad Administrativa –hasta que prohíban la presencia de la prensa– y no escuchar, sino casi por casualidad la palabra educación.

Los funcionarios del gobierno estatal dan la cara ante la prensa. Los mandos de la Policía Federal pasan al lado de ellos y ni caso les hacen. Van con sus muchachos, los arengan, les prometen que la jornada no será larga ni pesada. Varios kilómetros a la redonda no hay sino un retén tras otro.

Muy de mañana, aunque faltan 20 horas para el examen, entran varias docenas de mujeres. Los reporteros locales interpretan que varias de ellas son policías, vestidas de civil, que se mezclarán con las maestras a evaluar. Disparan los fotógrafos sus cámaras. Algunas mujeres, las que sí son maestras, se cubren los rostros.

Nadie va a juzgar a ninguno de esos compañeros, los que van, van amenazados, dice Aristarco Aquino, ex secretario general y crítico de la sección 22.

Un camión llega cargado de botellas de agua. Dos pesados torton arriban con cargas ligeras: colchonetas en las que pasarán la noche los maestros que decidieron libremente participar en la evaluación, según las autoridades.

La SEP ha liberado a los maestros. Ya no dormirán en los plantones de la CNTE, porque ahora habrá colchonetas para todos en las plazas comerciales abandonadas.

Desde la tarde, camiones de pasajeros que hacen fila en la sede del Ieepo salen con su carga de maestros evaluables, escoltados por patrullas, rumbo a la sede del examen.

Son los únicos que se acercan por el rumbo, al menos por ahora.

La estrategia del miedo sí funcionó, dice Flavio Sosa, ex dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, sabedor en carne propia, luego de una estancia en Almoloya, de lo que es la mano dura del gobierno federal.