egún las autoridades, este fin de semana y el pasado se habrá evaluado a una pequeña fracción de las maestras y maestros del país. ¡Pero a qué costo! Lo que en otro tiempo y circunstancias habría sido un tranquilo ejercicio escolar, se ha convertido hoy en un drama preñado de amenazas; de juntas entre funcionarios de la educación y generales de fuerzas federales discutiendo cómo y cuándo llevar a cabo el examen; de transportes aéreos llevando a miles de integrantes de fuerzas federales; de acarreo de otros maestros en helicópteros a fin de evadir la resistencia; de ex militares pertrechados como antimotines creando perímetros de alta seguridad en torno a los lugares de la evaluación, y dando con esto a la evaluación de los maestros una definitiva esencia agresiva, coercitiva e implacable. Se refuerza, precisamente, la imagen persecutoria y punitiva de la evaluación que las mismas autoridades hace unas semanas declaraban radicalmente falsa.

Pero, por otro lado, a la presencia de la fuerza de Estado se opone la resistencia magisterial con manifestaciones en 17 estados y 26 ciudades. Protestas de una intensidad si no mayor, al menos igual a la de 2013. Es decir, mostró su consolidación como oposición permanente, creciente y nacional. A tal punto que ahora la SEP de manera oblicua pero abierta reconoce la fuerza de la oposición: basta que un maestro la invoque como una especie de mantra (la CNTE me obligó a hacerlo) para que justifique su ausencia en el examen. Pero sobre todo se reconoce la fuerza de la protesta cuando en esas reuniones conjuntas se decide que lo mejor es que los maestros presenten el examen de manera fragmentada. Sólo una fracción muy pequeña de más de millón y medio de maestros irán estos días a la prueba, y aun éstos con calendarios diferentes: unos un fin de semana, y, los más peligrosos, en otro. Es una forma de reconocer que el Estado no tendría suficientes fuerzas federales (a menos de que emplee también al Ejército y la Marina, además de los estatales) para vigilar y proteger contra las protestas a cientos de lugares de aplicación.

Las protestas han logrado también mostrar la verdadera cara de la evaluación. Lo que se proponía como una evaluación integral (evidencias, planeación, dictamen del director, prueba de conocimientos) y amigable al contexto cultural local, ahora se ve reducida (basta con que se presenten al examen) a lo que siempre fue su vocación: un examen único de opción múltiple, indiferente y hasta agresivo con las culturas no hegemónicas. Con esto, además, se muestra que el cumplimiento de la evaluación está sujeto a interpretaciones cambiantes de la autoridad.

Si, por su cuenta, la autoridad puede modificar los términos de la evaluación, evidentemente también puede hacerlo en un espacio real de diálogo con los maestros. Mientras eso no ocurra, en el imaginario colectivo (la dichosa percepción) se seguirá alimentando la imagen de que, en la educación, las cosas simplemente no se resuelven y, además, empeoran cada día. Y eso abre la puerta a que entonces sean iniciativas ciudadanas y académicas las que comiencen a criticar y buscar salidas al conflicto. Una señal muy clara de este nuevo proceso es la decisión primero de unos cuantos y, luego, de cientos de investigadores y ahora de miles de estudiosos e interesados en la educación, de agruparse en torno a un texto de Manuel Gil Antón que nace desde el muy importante Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie). En ese texto (que ya firman 5 mil) se dice que la reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y dé sustento, se declaran en favor de “una reforma educativa necesaria y respetuosa del magisterio… que garantice el derecho a una formación intelectual sólida y fortalezca la generación de una ciudadanía crítica y solidaria”. Y para esto, agregan, es indispensable dialogar con los propios maestros, a quienes se les desautorizó socialmente y se les condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo. Y ante prácticas de evaluación imperfectas y poco confiables es indispensable otro tipo de evaluación (ver https://www.change.org/p/sep-mexico-por-una-reforma-educativa-necesaria-y-respetuosa-del-magisterio?recruiter=83664753&utm_source=share
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Esta voz de miles de muy legitimados académicos constituye un fuerte llamado de atención contra la belicosidad oficial. Dicen: ni la violencia, ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental. Es, estrictamente hablando, la voz de la razón y la mesura que afortunadamente se hace presente. Y que refuerza la posibilidad del diálogo y acuerdo, dentro incluso –como ya aquí se ha insistido– del marco legal de la propia Ley General del Servicio Profesional Docente. Porque allí mismo se plantea otra evaluación muy diferente, con los maestros, no punitiva y orientada directamente a mejorar las escuelas y al compromiso de los maestros con esa tarea (artículos 15, 16 y 20). Ese puede ser un excelente y esperanzador punto de partida.

*Rector de la UACM