ientos de miles de personas salieron ayer a las calles de las principales ciudades del mundo en demanda de compromisos y acciones reales de los gobiernos para poner un freno a las actividades económicas contaminantes. Ante los crecientes indicios de que el cambio climático está siendo inducido por la acción humana, y frente a la exasperante evidencia de que las autoridades –particularmente, las de los países más industrializados– no tienen la voluntad política requerida para contrarrestar estos hechos, colectivos y ciudadanos de nacionalidades, ideologías, ocupaciones y posturas políticas diversas hicieron suya una consigna que trascendió fronteras: Las palabras ya no son suficientes.

El telón de fondo de las movilizaciones referidas es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que iniciará hoy en París y que tuvo la víspera una fase preliminar con un encuentro ministerial.

La capital francesa fue escenario de una lamentable e injustificable violencia entre policías y manifestantes radicales, los cuales repudiaron las disposiciones del estado de emergencia que prohíben las expresiones públicas, adoptadas a raíz de los cruentos ataques terroristas que tuvieron lugar en la ciudad el pasado 13 de noviembre. El saldo de la refriega fue de más de un centenar de detenidos.

En la ciudad de México diversas organizaciones como Sin Maíz no hay País, Greenpeace y Cáritas Mexicana realizaron una marcha del Monumento a la Revolución al Senado, con el propósito de exigir a los legisladores que aprueben la Ley de Transición Energética, avalada el año pasado por la Cámara de Diputados y que desde entonces duerme el sueño de los justos en la colegisladora. Dicha ley tiene como propósito reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover el uso de energías limpias y avanzar hacia la sustentabilidad energética con respeto a los derechos humanos.

La indolencia del Senado mexicano es botón de muestra de la inoperancia de las clases políticas mundiales en materia de protección del ambiente. Aunque presidentes, jefes de gobierno, legisladores y otros funcionarios emiten cotidianamente declaraciones sobre la necesidad de hacer frente al cambio climático, las acciones concretas se reducen a muy poco, si no es que a nada. Ni siquiera llegó a cumplirse, por ejemplo, la tímida e insuficiente meta que el Protocolo de Kyoto (1997) estableció para 2012: reducir 5 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero. Hace tres años la 18 Conferencia de las Partes (COP18) decidió prorrogar la vigencia de Kyoto, pero Estados Unidos, Canadá y Rusia negaron su respaldo a esa medida.

El inmovilismo de los gobiernos puede explicarse en buena medida por el poderoso tejido de intereses corporativos para los cuales cualquier decisión seria y vinculante de limitar los daños ambientales representa una disminución de sus utilidades. Se ilustra, de esta manera, la catastrófica pérdida de independencia de las instituciones políticas con respecto a los poderes económicos fácticos. Si las sociedades no se movilizan para revertir ese fenómeno, una de sus consecuencias puede ser un desastre ambiental global e irremediable.