Una Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) integrada por dos ex funcionarios que pertenecieron a la Secretaría de Hacienda (el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue director del Servicio de Administración Tributaria y Javier Laynez Potisek, actual integrante de una de las dos ternas que revisa el Senado fue procurador fiscal de la Federación) y por otro miembro que también fue del círculo cercano del presidente Enrique Peña Nieto (el ex embajador de México en Estados Unidos Eduardo Medina Mora) pondría en grave riesgo la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial Federal, señaló el abogado fiscalista Omar Soto.

En entrevista con La Jornada, el abogado, con más de dos décadas dedicado al litigio fiscal y administrativo, añadió que quedan muy pocos ministros en nuestro máximo tribunal del país que le dan la razón al contribuyente, pues la mayoría está fallando a favor de la administración pública, a pesar de que el gobernado demuestre que en determinado cobro de impuestos se viola la Constitución o los derechos humanos.

Soto recordó que apenas la semana pasada el ministro Juan Silva Meza propuso a sus 10 colegas de la Corte declarar inconstitucional el aspecto más importante de la reforma fiscal impulsada en 2013 por Peña Nieto.

Se trata del límite a la deducción de las prestaciones sociales que las empresas pagan a sus trabajadores, que antes era de 100 por ciento, pero que con la reforma quedó acotado en 47 o 53 por ciento, según el caso. El tope fue impugnado por al menos 7 mil empresas del país, incluidas la mayoría de las más grandes, en amparos que en su mayor parte han sido concedidos por jueces de distrito.

Omar Soto precisó que a unos días de su retiro de la SCJN, el ministro Silva Meza repartió proyectos de sentencia que establecen que el Congreso de la Unión violó los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues al no poder deducir el 100 por ciento de las prestaciones, las empresas no pagan impuesto sobre la renta (ISR) de acuerdo con su verdadera capacidad contributiva.

Lo que está en juego es la independencia del máximo tribunal en temas de contribución de impuestos, que representan la fuente de financiamiento más importante para el gobierno federal. Si el Senado no nos garantiza a los ciudadanos una Corte autónoma, lo que va a pasar es que el gobernado terminará perdiendo todos los juicios, añadió Soto en entrevista.

De su lado, Ricardo Ríos Ferrer, presidente de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), consideró que la terna integrada por Javier Laynez, Alejandro Gómez Sánchez (procurador de Justicia del estado de México) y Alvaro Castro Estrada (ex subsecretario del Trabajo) debería ser desechada, porque los tres candidatos han realizado su carrera en puestos del Poder Ejecutivo, lo que pondría en duda su independencia.

El presidente de uno de los colegios de abogados de mayor prestigio a escala nacional cuestionó en total a cuatro de los seis nominados por Peña Nieto para ocupar dos cargos en la Suprema Corte.

En una carta dirigida al Senado, el presidente de la BMA también criticó partes del acuerdo de los legisladores para desahogar los nombramientos, en particular porque la recopilación sobre los antecedentes de los aspirantes queda a discreción de la Comisión de Justicia del Senado.

En el caso de Javier Laynez, Alejandro Gómez y Alvaro Castro, el presidente de la BMA expuso que se trata de candidatos que han tenido una trayectoria político-administrativa, por lo que difícilmente podrían cubrir el requisito de idoneidad para ser ministro, dado que no cumplen con el espíritu de la fracción VI del artículo 95 de la Constitución, pues es difícil pensar que tienen autonomía, especialmente del Ejecutivo federal, refiere la carta de Ríos, cuyo padre, Roberto Ríos Elizondo, fue ministro de la Corte.