El jefe delegacional de Cuajimalpa, Miguel Ángel Salazar, señaló que se buscará consolidar 40 asentamientos irregulares ubicados en zonas de taludes, donde viven 40 mil familias, y se evacuarán otros 28 que no son susceptibles de regularizar.

Al comenzar los trabajos de demolición de dos inmuebles ubicados en el fraccionamiento Vista Hermosa, en Santa Fe, donde han ocurrido deslaves, señaló que con el apoyo de las autoridades capitalinas se procederá a la reubicación de ocho a 10 familias que viven en la barranca de Santa Rita.

La situación de riesgo mayor en que se encuentran llevó a la apertura de créditos de vivienda nueva en la colonia Cuajimalpa, y a revisar los taludes que tenemos para no encontrarnos con algunas sorpresas que nos puedan sacar un susto mayor, indicó.

En Santa Rita, precisó, se ubican 58 viviendas con alrededor de 80 habitantes, mientras en los 68 asentamientos irregulares hay 48 mil personas, equivalentes a 16 por ciento de la población de la delegación, lo cual nos lleva a actuar en los puntos con servicios consolidados hace 30 o 40 años.

De esta manera, se tendrá posibilidad de invertir recursos públicos y no dejarlos a su suerte, lo cual no es posible hacer porque están en zonas irregulares, teniendo ya una ruta legal con la Consejería Jurídica, y técnica con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, explicó.

Además, indicó, en la fracción del PRI en la Asamblea Legislativa existen puntos de acuerdo para atender esta situación de manera urgente en 40 casos, entre los cuales podrían estar La Pila o Pachuquilla; mientras en los otros 28 no procedería, porubicarse en bosques, barrancas y otros sitios prohibidos.

Uno de ellos es la zona de Caballeros Aztecas, en la parte de Acopilco, que no es susceptible de regularizar porque hay una invasión al bosque, que no podemos tolerar. En esos lugares habitan entre 7 y 8 mil personas, no más, argumentó.

Comentó que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial ha planteado su desalojo, pero necesitamos dejar condiciones que les favorezcan para determinar acciones legales en torno a estos ordenamientos, porque son ciudadanos.

Por ello, destacó, es urgente formar una comisión interdisciplinaria con las diferentes autoridades centrales y la delegación para realizar los censos correspondientes y garantizar el cero crecimiento de las zonas de riesgo y de conservación, y no poner en riesgo a la población que habita en esos sitios.