egún cálculos del Instituto Tecno­lógico de Massachusetts (MIT), las empresas pertenecientes a la llamada economía colaborativa generaron el año pasado 26 mil millones de dólares en el mundo y arrojaron beneficios por 3 mil 500 millones. El dato complementa lo que se informó en la edición de ayer de La Jornada, que la compañía de servicios de transporte individual Uber tiene un valor de mercado estimado en más de 60 mil millones de dólares, el cual es superior incluso al de General Motors, el mayor fabricante automotriz de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo. Por otra parte, Airbnb, empresa de hospedaje fundada en 2008, ofrece 2 millones de alojamientos en 190 países y alcanza un valor de mercado de entre 10 mil y 13 mil millones de dólares, igualmente por encima de las compañías más grandes de su sector.

Si se toma en cuenta que ambas firmas ofrecen sus servicios a través de Internet y aplicaciones móviles, puede decirse que su crecimiento es indicativo del viraje respecto de las formas de consumo desarrolladas en el siglo pasado hacia un modelo de negocios cuyo eje rector son las tecnologías de información y comunicación.

En efecto, tanto Uber como Airbnb son empresas cuyo modelo de negocios que ha despegado gracias a Internet, y ante todo a los dispositivos móviles, y que presuntamente se basa en el principio de compartir en vez de poseer. Sin poseer ni administrar directamente los bienes a través de los cuales se prestan los servicios ofrecidos –automóviles, en un caso, residencias, en el otro–, las compañías nombradas han visto un crecimiento impresionante en pocos años, el cual sin duda se explica porque sus servicios cubren las necesidades de consumo de un segmento del mercado que cada vez se ve menos satisfecho por los modelos de negocio tradicionales.

Sin embargo, no puede ignorarse que una parte significativa de las ganancias de este tipo de empresas se explica por la asimetría fiscal de que gozan, la ausencia de regulación a sus prácticas y las condiciones laborales precarias de quienes les prestan sus servicios: en los hechos, el negocio de compañías como las mencionadas consiste en ofrecer sus servicios a través de terceros, los cuales corren con todos los gastos de inversión, mantenimiento o mano de obra. En conjunto, estos factores negativos reproducen los vicios del modelo tradicional en un entorno mediado por las tecnologías de la comunicación.

Las ventajas mencionadas han sido motivo de controversia en la sociedad y de malestar entre los prestadores tradicionales de dichos servicios. Esa inconformidad, en su mayor parte se ha canalizado a través de manifestaciones públicas y exigencias a los gobiernos para que ejerzan sus facultades regulatorias. Pero este descontento también ha encontrado expresión en lamentables hechos de violencia a los que han estado expuestos, ante todo, los conductores de los automóviles que operan a través de plataformas como Uber. Las reacciones de los gobiernos ante esos descontentos también han sido muy variadas: desde la inacción hasta la prohibición para que empresas de este tipo operen en entornos nacionales, pasando por la adopción de regulaciones imperfectas que en muchos casos no resuelven las tensiones, sino que las agravan, y generan, de paso, afectaciones a los usuarios.

Los gobiernos no pueden permanecer ajenos ni sostener posiciones ambiguas ante esta realidad que toca a los ingresos de importantes sectores de la población. Por ello es necesario que se cuente con un marco regulatorio apropiado para la era actual, el cual deberá corregir los desequilibrios creados por la aparición de estos nuevos modelos de negocio y resolver todos aquellos aspectos que pudieran constituir una injusticia para usuarios y operadores de los servicios que se prestan.