José Ricardo Gallardo Cardona, ex alcalde perredista del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, abandonó ayer a las 21:10 horas el penal de Ocampo, Guanajuato, después de que el segundo tribunal colegiado penal de Sonora le otorgó un amparo y ordenó su inmediata libertad por considerar que las evidencias aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) son insuficientes para declararlo culpable de diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La PGR acusó a Gallardo Cardona de desviar 209 millones de pesos de las arcas del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y de triangular 119 millones a empresas de las cuales el perredista es accionista mayoritario.

En una de sus declaraciones patrimoniales, reportó ser propietario de un violín valuado en 5 millones de pesos.

Gallardo Cardona buscó ser candidato del PRD a la gubernatura de San Luis Potosí, la cual se renovó en septiembre pasado, cuando Juan Manuel Carrera López rindió protesta como mandatario estatal.

El pasado 6 de enero, la PGR ejercitó acción penal en su contra y ordenó ingresarlo en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo. Luego de que un juez le otorgó un amparo, fue trasladado al penal de Ocampo, Guanajuato.

Preso político: PRD

Antes de que José Ricardo Gallardo fuera liberado, su padre, Ricardo Gallardo Juárez, alcalde perredista de la ciudad de San Luis Potosí, declaró que su hijo está prácticamente secuestrado e incomunicado, porque a pesar de que un juez federal ordenó su inmediata libertad, hasta ese momento no había salido. Esto es una verdadera injusticia, reprochó.

José Luis Fernández Martínez, dirigente del PRD en San Luis Potosí, consideró que José Ricardo Gallardo Cardona es un preso político y advirtió que si no era liberado sus seguidores iniciarían manifestaciones.

Rafael Aguilar Hernández, abogado de Ricardo Gallardo, acusó a las autoridades del reclusorio de Ocampo de incurrir en responsabilidad penal y administrativa por no acatar la orden del juzgado federal para liberar a su cliente de inmediato.

Mencionó que se han tramitado quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no descarta presentar denuncias penales contra las autoridades penitenciarias debido al incumplimiento del mandato judicial.