adres y compañeros de los 52 estudiantes normalistas presos desde el lunes pasado por supuestas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como comuneros e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron movilizaciones el pasado fin de semana en varias zonas de Michoacán para exigir la liberación de los jóvenes, a quienes, según uno de los abogados a cargo de su defensa, les fueron sembrados artefactos de fabricación casera por los policías que los detuvieron.

Los normalistas michoacanos encarcelados –30 hombres y 22 mujeres– fueron arrestados cuando protestaban por una de las consecuencias de la llamada reforma educativa: la pérdida de certeza de obtener una plaza tras concluir sus estudios. De esta manera, el conjunto de reformas legales aplicado desde 2013 suma un nuevo rechazo y genera un nuevo incendio social que se agrega a los ya existentes en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otras entidades.

En la circunstancia michoacana se conjuga el afán de imponer la llamada reforma educativa –que es, en realidad, una mera reforma laboral que violenta los derechos y las conquistas del sector magisterial, la cual fue elaborada y aprobada sin consultar a las disidencias sindicales– con una inocultable y alarmante criminalización de los movimientos sociales.

Caben recordar, a este respecto, las fabricaciones ministeriales efectuadas en la entidad contra varios dirigentes de grupos de autodefensa –entre ellos Juan Manuel Mireles, Hipólito Mora y decenas de sus seguidores– y las inverosímiles fabulaciones de las autoridades encargadas de procurar justicia en el caso de Nestora Salgado y otros policías comunitarios en el vecino Guerrero.

En estas condiciones, cuando la negociación y el diálogo parecen las únicas vías razonables para resolver la confrontación en curso entre varios sectores magisteriales y las autoridades educativas federales y estatales, resulta significativa la ausencia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en la mesa de discusión a la que fue convocado por la dirigencia de la CNTE, lo que parece rubricar el empecinamiento oficial en seguir adelante con la reforma sin importar los costos sociales y de gobernabilidad que ello implique.

Otro aspecto preocupante de la situación michoacana es la cerrazón oficial ante los normalistas rurales, los cuales han sido sistemáticamente agredidos por los poderes públicos desde hace varios sexenios, pero con mayor intensidad en el pasado y en el actual. La atrocidad perpetrada en Iguala en septiembre del año pasado contra alumnos de la normal de Ayotzinapa –43 de los cuales siguen desaparecidos– no puede considerarse un hecho aislado, sino el capítulo más bárbaro de una hostilidad que se expresa también en excesos represivos, la denostación en los medios informativos afines a los gobernantes y el acoso presupuestal a los planteles que aún no han sido destruidos por el propio gobierno.

Con estos antecedentes en mente resulta inevitable el escepticismo ante las imputaciones contra los normalistas michoacanos por la supuesta posesión de explosivos caseros.

Volviendo a las inconformidades por las disposiciones de la llamada reforma educativa y a las turbulencias que su aplicación ha generado, es necesario insistir en la urgencia del diálogo y el abandono, por el gobierno federal, de la inflexibilidad mostrada hasta ahora. Es tiempo de que las autoridades reconozcan que afectando derechos y conquistas laborales no puede mejorarse la calidad de la educación en el país.