La banca de segundo piso vetó a la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amuccs) por su participación en las movilizaciones que realizaron microfinancieras para exigir a los legisladores cambios a la ley de ahorro y crédito popular, mejor conocida como ley Ficrea.

La agrupación lleva más de dos años trabajando con indígenas y campesinos de las zonas más alejadas del país y ha integrado 25 sociedades financieras comunitarias (Sofincos) en 494 municipios de 15 estados, las cuales conformaron la red SMB Rural Sociedad Financiera Comunitaria.

Isabel Cruz Hernández, directora de la asociación, dijo: Parece una guerra de exterminio contra las Sofincos, y lo que el gobierno federal no logró con la ley Ficrea, que desde abril pasado quedó congelada en el Senado, ahora quiere conseguirlo ahorcándolas financieramente.

A la asociación le han negado los créditos, aunque tiene un historial de entrega de recursos, dijo Cruz Hernández.

“Hace más de una década trabajamos con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Fina); actualmente tenemos firmado un convenio con la institución, a la cual hemos demostrado que llegamos al sector más pobre del país, ya que los créditos que se otorgan no rebasan 25 mil pesos, mientras la financiera, por ley, no puede otorgar recursos inferiores a 40 mil pesos.

La relación ha sido transparente, explicó.

Dijo que los directivos de la institución argumentaron que ya ejercieron los 256 millones de pesos destinados al rubro constitución y operación de unidades de promoción de crédito, pero hasta julio sólo habían colocado 157 millones 736 mil 273 pesos, por lo que aún restaban 98 millones 263 mil 727 pesos.

Las Sofincos han llegado a recibir hasta 15 millones de pesos anuales de diversas dependencias, la mayoría de la SHCP, cantidad aparentemente pequeña pero que tiene gran impacto en las comunidades que atienden.

Con el veto, cinco de las Sofincos están en riesgo de desaparecer porque apenas tienen dos años de haber sido fundadas, y otras cinco verán afectadas su crecimiento y consolidación.

La unidad de banca de desarrollo de la SHCP, Bansefi, FINA y Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira) ejercen el veto contra las Sofinco, pues, a diferencia de otros años y pese a los contratos firmados, ninguna ha recibido recursos públicos para destinarlos a fortalecer la inclusión financiera en 3 mil 364 comunidades marginadas de 15 estados.