Zacatecas, Zac.

Tres regidores del ayuntamiento de Santo Domingo, San Luis Potosí, presentaron una iniciativa de cambio de uso de suelo para revertir el permiso otorgado en 2010 al empresario José Cerrillo Chowell para construir en el rancho Palula, de su propiedad, un tiradero de desechos industriales tóxicos.

Lo anterior trascendió durante la asamblea popular en que se reiteró el rechazo a ese proyecto, en los límites entre San Luis Potosí y Zacatecas. Se espera que el alcalde de Santo Domingo, el priísta José Ramos Alamilla (censurado por no acudir a la reunión del domingo por motivos personales), cite esta semana a una reunión de cabildo para revocar el permiso al confinamiento.

Ramos Alamilla, integrante de la organización Antorcha Campesina (AC), expresó el mes pasado su apoyo a los habitantes de las localidades que se oponen al basurero tóxico, encabezados por Mario Vázquez, de la comunidad La Victoria.

El pasado 22 de octubre Ramos Alamilla fue mencionado en el portal de AC en Internet, al que aseguró: “Ante la posible construcción de un tiradero industrial en el espacio territorial que abarca el municipio, no vamos a permitir por ningún motivo que vengan a contaminarnos.

Recurriremos a todas las instancias que sean necesarias para frenar este proyecto, que atenta contra la salud de todos los que habitamos en esta región.

Dos meses después, los habitantes de Santo Domingo le exigen sostener su postura, efectuar la reunión de cabildo y revocar el permiso de uso de suelo.

Mientras, el sacerdote Carlos Francisco Alcalá Alba, párroco del municipio de Guadalcázar, advirtió que empresarios han desatado una campaña en redes sociales y otros medios para reabrir el tiradero tóxico que operó en esa localidad, donde están confinadas 5 mil toneladas de desechos industriales tóxicos de la empresa Metalclad Corporation.

En este contexto, el domingo pasado se presentó en esta región del Altiplano el documental Guadalcázar, del director Víctor Manuel Méndez, cineasta de la Universidad Nacional Autónoma de México, que relata la lucha de esa localidad por mantener cerrado el confinamiento tóxico.

Alcalá Alba denunció que hay otro tiradero en el estado, en el municipio de Mexquitic de Carmona, donde fueron confinadas 80 mil toneladas de desechos tóxicos y radiactivos.