San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Ejidatarios de Tila adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona informaron que, en un contexto de hostigamiento y profundas arbitrariedades de las autoridades municipales, efectuaron “una marcha que culminó, sin que estuviera planeado, en la quema y destrucción de algunas instalaciones (ayuntamiento, registro civil, hacienda, DIF y comandancia).

La asamblea general de ejidatarios (del pasado 8 de noviembre) acordó demoler el palacio municipal construido (hace 72 años) sin permiso de la asamblea general porque es el origen de todas las injusticias, discriminacion, hostigamiento y constante despojo de las 130 hectáreas de nuestra tierra ancestral para el fundo legal, buscando destruir nuestra colectividad, señalaron en un comunicado difundido este jueves.

Los ejidatarios recordaron que desde más de 30 años emprendieron una lucha legal para exigir la devolución de 130 hectáreas, en parte de las cuales fue construida la cabecera municipal sin autorización de la asamblea ejidal.

En 2008, agregaron, el Tribunal Agrario emitió una resolución en favor de los ejidatarios, pero como no fue ejecutada ellos acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no ha resuelto el caso, presuntamente porque ocasionaría un problema social, pues sería necesario reubicar prácticamente toda la cabecera municipal.

El mal gobierno municipal lleva 72 años de violación de nuestro derecho; llevamos 30 años de lucha por la vía jurídica y seis años hemos esperado el resultado de la ejecución de los amparos 1302/2010 y 259/82.

Indicaron que el 25 de agosto de 1909 la cabecera municipal se encontraba en el vecino poblado de Petalcingo, de 101 hectáreas, pero por una epidemia y la presencia de combatientes de la Revolución de 1910 quedó abandonado.

Señalaron que los alcaldes de otros municipios y los caciques que llegaron a la población chol acordaron trasladarla provisionalmente, lo que fue el origen de tantas injusticias.

Por esa razón, abundaron, no tiene legalidad su posesión y por ello los tres niveles de gobierno han tomado el acuerdo de pagarnos la cantidad de 40 millones de pesos, pero el conocimiento y la sabiduría que nos dejaron nuestros abuelos nos han enseñado a defender nuestra historia y nuestra cultura, porque pertenecemos a la madre tierra.

Precisaron que las escuelas y hospitales que se encuentran en la cabecera (en el fundo legal) fueron erigidos en su momento con permiso de la asamblea ejidal, y también el templo católico, que es patrimonio del pueblo porque nuestros abuelos lo construyeron.

Comentaron que sólo en 52 de las 130 hectáreas del fundo legal existen construcciones y el resto es totalmente cultivable, como consta en el peritaje de cuantificación de daños y perjuicios anexado al amparo.

Estamos al pendiente de la posible represión, ya que en semanas anteriores comenzó la operación del Ejército y la Marina ante el acuerdo del ejido, advirtieron.

Raciel López Salazar, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que se inició la averiguación previa 177/IN41-M3/2015 por los delitos de lesiones, daños, motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, debido a que los inconformes dañaron e incendiaron la biblioteca, el almacén y el Registro Civil y lesionaron con objetos cortantes a dos policías municipales.

En un comunicado, sostuvo que policías estatales fueron desplegados y se realizaron vuelos.

Fuentes del gobierno de Chiapas aseguraron que la situación se normalizó este jueves