umbo a 2016 se van perfilando dos rasgos en el esquema priísta de designación de candidatos a gobernador en plazas controladas: la entrega de la postulación sucesoria al propio mandatario estatal en funciones (si tiene buenas relaciones con el centro), quien así queda responsabilizado de las buenas cuentas electorales con cargo al erario y a las marrullerías que fueran necesarias, y el amarre de los grupos y principales aspirantes que no hubiesen obtenido el premio mayor, mediante el reparto de candidaturas a cargos menores (incluso contra la voluntad, o con una actitud displicente, de algunos de esos convidados a una especie de cierre de filas obligatorio, por instrucciones superiores).

El estilo peñista-beltronista se ensayó en Durango, donde el médico Esteban Villegas Villarreal, presidente municipal de la capital y delfín del mandatario saliente, Jorge Herrera Caldera, fue presentado como candidato a gobernador y, para evitar escisiones o fuego amigo que pusiera en riesgo la continuidad invicta del PRI en el control estatal, se forzó a la senadora Leticia Herrera Ale (adversaria de Herrera Caldera y de Villegas Villarreal) a aceptar la candidatura a presidenta municipal de Gómez Palacio (presidencia que ya había ocupado), entre versiones de que la mencionada senadora (ya con licencia) sólo cumplirá con el compromiso de sumar votos al candidato a gobernador, pero sin ningún ánimo positivo ni deseo de permanecer en ese cargo municipal.

Algo similar se ha practicado en Chihuahua, donde el gobernador César Duarte Jáquez consiguió la posible continuidad de la franquicia política mediante la postulación del presidente municipal (con licencia) de Ciudad Juárez, Enrique Serrano Escobar. La impugnada gestión del otro Duarte, enriquecido hasta convertirse en banquero particular mientras administraba dineros públicos, alcanzaría así también la impunidad (como Herrera Caldera con su delfín Villegas en Durango). Y, para confirmar el estilo de La Familia Priísta, con Manlio Fabio Beltrones como operador, se encamina a Héctor Murguía, conocido como Teto, a la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Juárez (que ya ha ocupado) y a Lucía Denisse Chavira Acosta a la presidencia municipal de la capital, que ya fue ejercida por su esposo, Marco Adán Quezada.

La forzada unidad de priístas en fórmulas para distintos cargos permitirá al histórico binomio PRI-gobierno echar a caminar una maquinaria electoral aparatosa y, en términos de recursos públicos y privados, apabullante. Para doblegar inconformidades y forjar esos frentes regionales se ha utilizado el recurso de la invocación pinolera: según eso, habría un extremo interés en la cúpula del gobierno federal en impedir fisuras por las cuales pudiera colarse la oposición aliada (PRD y PAN) en plazas no negociadas. Es evidente el fuerte condicionamiento de los resultados electorales que conlleva la doble pinza en proceso: los gobernadores con regalo sucesorio, volcados a construir a como dé lugar el triunfo de su futuro guardaespaldas político, y los principales grupos regionales conminados a entregar cuotas electorales altas en las demarcaciones asignadas para su ordeña en urnas.

La consolidación centralista que implican esas maniobras en las postulaciones del Revolucionario Institucional tienen otra arista peligrosa: si tales candidatos ganan sus respectivas candidaturas lo harán cuando menos con su primer trienio bajo embargo político, con presidencias municipales y diputaciones que no responderán a ese mando estatal. Gobernadores débiles, con adversarios internos sembrados para jugarles las contras, permitirán mayor intervención del poder central, ya sea el peñismo en continuidad explícita o el beltronismo si lograra la candidatura presidencial que pretende ganarse a base de resultados electorales en 2016.

Mientras tanto, el sol azteca y el partido de la derecha explícita acordaron las primeras postulaciones conjuntas a gubernaturas para el año entrante. En Durango será impulsado por la dupla PAN-PRD el ex priísta y ahora panista José Rosas Aispuro, senador con licencia, quien ya buscó el mando de esa entidad norteña seis años atrás y ahora vuelve a la carga en un contexto de mayor inconformidad social con el estilo priísta de gobernar, que en esta entidad agrega al catálogo clásico de la depredación tricolor el alto grado de involucramiento del Crimen Políticamente Organizado en la administración pública, con una constante agresión a los ciudadanos sin relación con esos andares delictivos. Durango se ha convertido en refugio más o menos discreto y centro de operaciones de varios grupos delictivos de primer nivel.

En contraprestación a lo dado en Durango, el PRD podrá postular libremente a un candidato conjunto a la gubernatura de Zacatecas, aunque las condiciones para el sol azteca no son tan propicias para un triunfo como en la primera entidad mencionada. En Durango la contienda se dará entre PRI y PAN, mientras en Zacatecas será entre PRI y Morena, de tal manera que el abanderado de la Revolución Democrática, cuyo nombre ni siquiera se ha definido, no entrará en la competencia verdadera. Es justamente allí, en Zacatecas, donde Morena tiene la primera oportunidad de hacerse de una gubernatura, gracias a la fuerza concentrada por la familia Monreal, cuyo personaje más conocido: Ricardo, ya fue gobernador (y ahora es jefe delegacional en Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, y virtual precandidato a la jefatura de Gobierno en 2018), y ahora uno de sus hermanos, David, actual senador, busca la retoma familiar del poder estatal.

Y, mientras Enrique Peña Nieto encomiaba ayer a la Policía Federal y premiaba a algunos de sus integrantes, en un acto institucional que en justicia debería resaltar los aspectos positivos del actuar de esa corporación, pero también reconocer los muy negativos que se han producido a lo largo de esta primera mitad del actual gobierno federal, con múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos y participación en ejecuciones abiertas, ¡hasta mañana!

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