Con la entrada en vigor de las reformas en materia de transparencia, cuyo plazo máximo está fijado para mayo próximo, habrá cambios sustanciales en cuanto a los nuevos sujetos obligados, especialmente los sindicatos. Las disposiciones, que se perfilan desde la Constitutución y la ley general, auguran que se reducirá el número de contratos de protección, a partir de las obligaciones que tendrán ahora esas organizaciones.

Aunque aún falta concluir el proceso legislativo, con la homologación de la Ley Federal y al menos 26 leyes locales con la Ley General de Transparencia, uno de los cambios importantes es la inserción de los sindicatos como nuevos sujetos obligados, pero solamente en caso de que reciban fondos públicos a escalas federal o estatal.

La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Patricia Kurczyn, explicó que a partir de ahora sindicatos como el magisterial, el petrolero y el de electricistas estarán obligados a colocar en sus portales de Internet el destino de los recursos públicos que reciban. Para el caso de la Federación, el cumplimiento será verificado por el Inai. Sin embargo, en los casos en que las partidas provengan de gobiernos estatales, la revisión competerá a los órganos garantes de las entidades federativas.

Kurczyn detalló que con las nuevas obligaciones de transparencia para los sindicatos se reforzarán algunas contenidas en la Ley Federal de Trabajo, pero en este caso las organizaciones deberán colocar en sus portales los contratos colectivos acordados con las empresas y los nombres de los gremios que estarán regidos por los convenios laborales.

Con ello se terminan las prácticas mediante las cuales las compañías, previamente con abogados, acordaban los términos de los contratos colectivos y posteriortmente, dijo Kurczyn, incorporaban al personal, bajo los términos de contratos de protección benéficos para las empresas, lo que suponía prácticas de corrupción.

Otro beneficio del nuevo marco legal es que ahora será más complicado que los patrones registren a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con menores salarios. Esa práctica, advierte Kurczyn, permite la evasión de impuestos y menos pago de cuotas por seguridad social. Sin embargo, reconoció que en muchos casos los empleados avalan ese registro irregular.

En principio, al transparentarse los salarios y los contratos, se limitarían las alteraciones salariales con fines de evasión fiscal, dijo la comisionada.

Señaló que en esta fase se han acercado al Inai algunos sindicatos, como el magisterial y el de electricistas, para pedir asesoría sobre la construcción de los portales y sus obligaciones mínimas de transparencia a las que están obligados. De hecho, apuntó, con ambos se han firmado convenios de transparencia para agilizar el cumplimiento de sus obligaciones.