yer, en la capital veracruzana, un grupo de pensionados y jubilados que bloqueaba la calle Enríquez fue desalojado con violencia por agentes de la policía estatal, los cuales emplearon armas eléctricas y toletes en contra de adultos de la tercera edad que se manifestaban exigiendo el pago de sus pensiones y aguinaldos atrasados. Fue una más de las movilizaciones realizadas en fechas recientes por los pasivos en varias ciudades de la entidad ante la lentitud o la ausencia total de pagos de sus percepciones por el Instituto de Pensiones (IPE) del estado de Veracruz.

El telón de fondo de este hecho repudiable es la crisis por la que atraviesa la institución mencionada –dependiente del Ejecutivo estatal– debido al manejo opaco y discrecional de los recursos. Por ese motivo, el IPE ha venido incurriendo en retrasos sistemáticos, tanto en los pagos que realiza de manera directa como los que efectúa a través de otras instituciones, particularmente la Universidad Veracruzana (UV).

A estas prácticas injustificables se agregan la insensibilidad ante la situación de los jubilados, la agresión policial y la mendacidad de las autoridades estatales, las cuales señalaron –por boca del secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado– que el acto represivo fue ordenado en razón de que ya no había necesidad de manifestación y bloqueo, pues los pagos comenzaron a fluir desde ayer.

Por otra parte, los hechos de ayer en Xalapa constituyen otra vuelta de tuerca en la circunstancia en la que se encuentra el estado de Veracruz, entrampado en una situación alarmante en materia de derechos humanos, violencia desbordada, impunidad y agresiones del poder público a informadores, opositores y población en general.

Tal circunstancia no es, por desgracia, exclusiva de esa entidad costera, sino expresión extrema de los poderes públicos locales ejercidos sin contrapesos, limitaciones ni mecanismos de fiscalización. Es conocido de antaño que los gobernadores suelen gozar de atribuciones casi absolutas merced al sometimiento al Ejecutivo de los poderes legislativos y judiciales estatales y al uncimiento de entidades que sólo son autónomas en teoría, como comisiones de derechos humanos, autoridades electorales y organismos de transparencia. Ello es posible, a su vez, debido a una grotesca distorsión del espíritu federalista que ha permitido el florecimiento de la discrecionalidad, la injusticia, la corrupción, el nepotismo, el patrimonialismo y el autoritarismo como sello distintivo de buena parte de los gobiernos estatales.

En el caso de los jubilados que sufrieron ayer la agresión policial de la misma autoridad que les adeuda pensiones y aguinaldos, resulta imperativo establecer las responsabilidades legales de autores intelectuales y materiales del atropello. Es exigible, asimismo, que el gobierno veracruzano emprenda un viraje en sus estilos indeseables de ejercer el poder y que tienen a la población de la entidad en una indignante vulnerabilidad ante la inseguridad, la violencia y los abusos de servidores públicos.

En un sentido más amplio, es también necesario reflexionar sobre la necesidad de un rediseño institucional de las entidades federativas, a fin de que transiten de una vez por todas de la condición de feudos sexenales a la de elementos constitutivos de un orden nacional verdaderamente republicano, legal y democrático.