El gobierno federal afirma que existen las condiciones políticas para la aprobación, en febrero próximo, de las leyes para atender y combatir la desaparición de personas y la tortura.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que urge la aprobación del marco legal en referencia, cuyas iniciativas fueron enviadas al Congreso el 11 de diciembre pasado.

Por lo pronto, continúan en aplicación los protocolos que no han dado los resultados esperados. Al más reciente corte estadístico (31 de octubre), en México había 27 mil 586 personas reportadas como no localizadas: 26 mil 670 de la resolución de los casos son responsabilidad de los estados (fuero común) y 916 del federal (Procuraduría General de la República).

El mayor bloque de este rezago se ubica en el sexenio actual. De 2013 a la fecha se han sumado a la lista de no localizadas 12 mil 823 personas, casi la mitad del total. De esa cifra, 12 mil 259 son del fuero común y el resto, 564, del federal.

Las iniciativas enviadas este mes por el Ejecutivo son para prevenir y sancionar la desaparición forzada, los delitos de este tipo cometidos por particulares, así como lo relativo a la prevención, investigación y sanción de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

En cuanto a desaparecidos, se proponen nuevas políticas públicas enfocadas a la búsqueda y localización de personas. Se incluye un nuevo sistema de búsqueda, un registro nacional de personas desaparecidas y no localizables, así como un registro nacional forense, por mencionar algunos de los aspectos relevantes.

Hemos tenido algunas conversaciones con los presidentes de las comisiones (involucradas en el análisis de las iniciativas); por lo que advertimos, ellos procurarán aprobar estas dos leyes en el siguiente periodo ordinario de sesiones (inicia el primero de febrero), comentó a La Jornada.

Las condiciones en el Poder Legislativo, subrayó Campa, auguran que habrá un proceso a desarrollarse en un tiempo relativamente corto.

Urge (la aprobación de las leyes). Estoy seguro que tendremos el nuevo contexto legal en la materia para el siguiente periodo de sesiones. No tengo duda de que hay las condiciones políticas, para ello, dijo.

Las iniciativas –añadió– se construyeron escuchando a las organizaciones, a las instancias internacionales; durante el proceso legislativo seguramente las iniciativas serán enriquecidas pero estamos seguros que hay condiciones para tener las leyes aprobadas a la brevedad.

En cuanto a la necesaria depuración de las corporaciones, dijo que algunos de los principales retos en materia de derechos humanos están estrechamente vinculados con las corporaciones de seguridad.

Precisamente los temas tienen que ver con desaparición forzada (delito en el que intervienen fuerzas del Estado); en buena medida –añadió– el gran reto que tenemos se genera a partir del caso Ayotzinapa.

Igualmente la limpieza de los grupos policiales y vinculados con la seguridad y la procuración de justicia, en especial las municipales, pasa por otras normas en proceso como la ley de tortura.

A la par, las iniciativas del gobierno federal relacionadas con el mando único policial se encuentran en manos del legislativo.