Las agresiones en contra de las defensoras de los derechos humanos en Mesoamérica prácticamente se ha duplicado en más de dos años, al pasar de 414 en 2012 a 762 en 2014. Dicha tendencia, la cual se agravó debido a la lucha contra las drogas y la delincuencia organizada, se mantuvo los primeros 10 meses de 2015.

De acuerdo con el informe de la Iniciativa Mesoamericana (IM) de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que reúne y sistematiza información sobre México, Guatemala, El Salvador y Honduras, la mitad de estas agresiones las han sufrido activistas que trabajan en la defensa de la tierra y el territorio, aquellas que luchan por la participación política y comunitaria, y quienes defienden una vida sin violencia ni feminicidios.

En México sobresale el alto número de agresiones contra mujeres periodistas, quienes a través de su labor ejercen y defienden el derecho a la información y la libertad de expresión, con casi 20 por ciento de los casos.

En el periodo que abarca el informe (2012-2014) fueron registrados 32 asesinatos de defensoras de derechos humanos y 39 intentos de homicidio en los cuatros países citados por el reporte, el cual contiene nombres, organizaciones y lugar de origen.

Atziri Ávila, de la Red Nacional de Defensoras de México, explicó que este informe es producto de un trabajo colectivo de diversas personas, organizaciones y redes nacionales que forman parte de la Iniciativa Mesoamericana, por la ausencia de datos específicos y oficiales sobre la situación de activistas en la región y la falta de indicadores de género en la mayoría de agresiones existentes. Este trabajo pretende visibilizar la violencia y discriminación que se da contra las mujeres en México y Centroamérica.

Advierte que las mujeres no sólo corren el riesgo que enfrentan los varones, sino también los peligros específicos propios de su género, que van desde la agresión verbal hasta el acoso y violación sexual, tanto de los agentes del Estado como de particulares, e incluso miembros de su comunidad.

Ser defensora en Mesoamérica se ha convertido en un riesgo permanente que amenaza la vida, seguridad y bienestar tanto de las defensoras de derechos humanos como de sus colegas, familiares y las poblaciones con las que trabajan, se indicó en el informe.

Además, tras destacar las jornadas extenuantes que deben enfrentar, la mayoría de ellas carecen de prestaciones laborales amplias, no tienen servicio médico que les permita atender de forma temprana las afectaciones derivadas de su trabajo. Además de que seis de cada 10 realizan su labor sin ninguna retribución económica.

Funcionarios, entre los atacantes

Respecto a los agresores, se afirmó que los actores de la violencia en contra de las defensoras son esencialmente funcionarios o personal del Estado –autoridades o policías municipales, estatales o federales, incluido militares–, tendencia que se verifica no sólo a escala regional sino en cada uno de los países que integran el estudio. En 2012 llegó a representar hasta 86 por ciento de las agresiones.

Además, siendo los actores estatales los principales responsables de la violencia en contra de defensoras de derechos humanos, el informe señaló que los mecanismos de protección deben estar centrados en combatir la impunidad, castigar conforme a derecho cualquier violación y asegurar que no se reproduzca ninguna política o práctica discriminatoria.