En 2012, organizaciones de la sociedad civil plantearon al Gobierno del Distrito Federal (GDF) elaborar una declaratoria de cero desalojos en la ciudad de México, con un protocolo de actuación, según lo obliga el programa de derechos humanos de la capital, que no fue atendida, afirmó Ernesto Jiménez Olín, de la Unión Popular Valle Gómez.

Detalló que después de varias sesiones en el espacio de participación ciudadana del derecho a la vivienda en la Subsecretaría de Gobierno, se diluyó el interés por el tema sin que se estableciera ni siquiera el protocolo al que obliga el programa de derechos humanos, que ante los recientes acontecimientos, en los que se ha incrementado el número de desalojos violentos, es necesario retomar.

Refirió que en la iniciativa que se presentó se aludía a las experiencias de países como Francia, España y Venezuela, que cuentan con decretos de ley antidesalojos o desocupación arbitraria de viviendas, y elaboraron requisitos para dicha declaratoria.

Entre ellos, recomendaban un procedimiento de prevención de desalojos y lanzamientos, al utilizar mecanismos de justicia alternativa, así como la no utilización de la fuerza pública.

También se proponía crear una instancia especializada en aplicar el procedimiento preventivo, integrada por el gobierno, el tribunal, legisladores, sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con el debido estatus legal, para tomar decisiones sobre el tema.

Jiménez Olín precisó que el programa de Derechos Humanos del DF y la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad prevén la necesidad de contar con un protocolo de actuación en el caso de desalojos.