a asamblea del ejido de Tila, en el municipio chiapaneco del mismo nombre, acusó ayer al alcalde Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez de reactivar el grupo paramilitar Paz y Justicia, con el propósito de someter a los que no están de acuerdo (con el munícipe) o para atacar y masacrar a las personas. En el comunicado se recuerda además que la violencia la hacen siempre los tres niveles de gobierno, escondiéndose de los grupos paramilitares a su servicio, para que ellos digan después que es un conflicto entre comunidades.

La reactivación de Paz y Justicia –fundado durante el sexenio de Ernesto Zedillo para complementar al Ejército en la estrategia de contrainsurgencia militar aplicada por el gobierno federal, para minar el respaldo social del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)– ocurre con el telón de fondo de la decisión de los ejidatarios de Tila, adherentes a la Sexta declaración de la Selva Lacandona, de expulsar al ayuntamiento municipal con el propósito de ejercer su libre autodeterminación de decidir, como pueblos originarios, sobre su tierra y territorio. En respuesta, personeros del ayuntamiento agredieron a balazos a los pobladores, con saldo de un herido.

En el fondo, como lo han denunciado los ejidatarios, está el designio del ayuntamiento de despojar a las comunidades de la etnia chol de centenares de hectáreas para proyectos de ecoturismo, y la determinación de los pobladores de no permitirlo.

Pero, más allá de la confrontación entre la asamblea comunitaria y el ayuntamiento de Tila, el plan de reactivar al paramilitarismo constituye un factor ominoso en el panorama chiapaneco. No puede soslayarse que Paz y Justicia tiene tras de sí una historia de homicidios, secuestros y quemas de casas.

Como lo recordó hace unos días la organización civil Las Abejas, en un comunicado emitido en ocasión del 18 aniversario de la masacre de Acteal, el municipio de Tila y, en general, la zona norte de Chiapas, fungieron como laboratorio de creación de paramilitares llamados Paz y Justicia, y esa formación de paramilitares se dio después aquí en los Altos de Chiapas y culminó con la masacre del 22 de diciembre de 1997, en la que fueron asesinadas 45 personas, incluidas mujeres embarazadas y niños.

No debe olvidarse que los responsables políticos e intelectuales de aquella atrocidad –empezando por el propio Ernesto Zedillo y su secretario de Gobernación en ese entonces, Emilio Chuayffet– nunca fueron llamados a cuentas por la justicia y que los autores materiales fueron paulatinamente excarcelados en el curso del sexenio pasado, como parte de un operativo orientado a negar que lo ocurrido hace 18 años en los Altos de Chiapas fue un crimen de Estado.

Si se desea evitar una repetición de esa tragedia y de la terrible devastación causada en múltiples comunidades chiapanecas por la política contrainsurgente del zedillismo, resulta imperativo que el gobierno federal se deslinde de los intentos por revivir el paramilitarismo en esa entidad y desarticule a la brevedad al grupo armado constituido en Tila.