l Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó recientemente la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2015. Los resultados siguen mostrando bajo nivel de confianza ciudadana en las instituciones de procuración e impartición de justicia del país. Los indicadores centrales, asociados a la desconfianza y vinculados con el sondeo, son la opacidad, la corrupción, y por tanto, la impunidad.

De la encuesta resalta que el nivel de percepción de confianza en los jueces del país es de apenas 46.2 por ciento; es decir, que cinco de cada 10 mexicanos desconfían, mientras que 65.6 por ciento de la población mayor de 18 años considera corruptos a estos servidores públicos.

La corrupción y la impunidad alimentan la desconfianza ciudadana. De acuerdo con la Envipe, los costos del delito en 2014 sumaron 226.7 miles de millones de pesos, lo que representa 1.27 por ciento del PIB, y el primer lugar lo ocupan los ilícitos de carácter patrimonial.

Conforme al Presupuesto Público Federal en México para el ejercicio fiscal 2015 por ramo, al Poder Judicial de la Federación, en lo que al Consejo de la Judicatura Federal concierne, se le otorgaron 44 mil 52 millones de pesos; en tanto, por destino de gasto, a la impartición y procuración de justicia les correspondieron, respectivamente, $44 mil 381 y $18 mil.

Estos datos deben conducirnos a reflexionar sobre los costos sociales y económicos generados por la comisión de delitos, pero también a deliberar acera de los estragos que generan la impunidad y la corrupción.

La poca credibilidad en las instancias de procuración e impartición de justicia genera que la ciudadanía no acuda a denunciar ante el Ministerio Público; mucho menos a los órganos jurisdiccionales en busca de justicia. De los 18 millones de delitos cometidos para 2014, solamente fueron denunciados o se inició averiguación previa en 7.2 por ciento de los casos.

Entrecruzar los resultados de la Envipe con las estadísticas judiciales permitiría tener cifras claras sobre la efectividad institucional de los órganos jurisdiccionales. Este es un trabajo inaplazable para determinar las políticas públicas de innovación administrativa en los procesos judiciales, que se sumen a la reforma penal para impulsar el nuevo sistema de justicia, que sin su par en materia de transparencia y combate a la corrupción será ineficaz para alcanzar una justicia pronta, completa e imparcial.

Pero, ¿qué apuntala actualmente la opacidad del sistema de justicia? Históricamente, el Poder Judicial ha recorrido un largo proceso para dejar detrás la herencia monárquica de las leyes previas a la Constitución de Cádiz de 1812 y la de Apatzingán de 1814, ambas de corte liberal.

Anterior a dichas constituciones, la potestad de crear leyes, aplicarlas y ejecutarlas residía en las cortes y en el rey. Esta dualidad que otorgaba al soberano el poder de gobernar y juzgar no fue sana, y con el paso del tiempo abrió una brecha con constituciones más avanzadas.

Al diseño y construcción de las instituciones públicas contemporáneas sobrevivió la definición del súbdito por delante de la autonomía ciudadana, dejándonos una modernidad a medias, a pesar de que en 1824 los mexicanos nos otorgamos la primera Constitución de corte federal.

Durante el siglo pasado la situación no varió en demasía, toda vez que se mantuvo alejada a la ciudadanía del ejercicio pleno de sus derechos.

En concreto, el Poder Judicial ha sido un testigo central de esta historia y su devenir, por demás complejo, indica que todavía falta fortalecer los pilares de la justicia, especialmente los que atañen al orden público y el bien común, la certeza jurídica y la imparcialidad.

Al efecto, como principal obligación, los jueces deben ser los primeros en respetar la esfera de la Constitución y de la ley. Aquí es donde la transparencia y la rendición de cuentas se constituyen como herramientas ciudadanas para auditar a las instituciones públicas, y las sedes jurisdiccionales no pueden quedar al margen de ese escrutinio.

En este orden, con el primer minuto de 2016 se inicia la cuenta regresiva, pues para el 18 de junio deberá operar en todo el territorio nacional el sistema de justicia oral adversarial, que se sustenta en diversos principios, los más conocidos: publicidad, oralidad e inmediación.

Estos principios permitirán que las audiencias en los órganos jurisdiccionales sean abiertas al público, que se eviten los largos y tediosos trámites jurídico–burocráticos, para que ante la presencia del juez se esclarezcan los hechos, se proteja al inocente, se sancione al culpable y se resarza el daño a la víctima u ofendido del delito.

En el Poder Judicial de la Federación los trabajos de implementación han avanzado notablemente, desde la capacitación para los operadores del sistema, la creación de los Centros de Justicia Penal Federal, que actualmente operan en 15 entidades federativas y que para febrero próximo habrán de sumarse ocho estados más, así como la selección de juzgadores especializados para este nuevo modelo de justicia.

El reto de ocho años de transición obliga a todos los poderes judiciales a cumplir con los principios enunciados y a apuntalar los pilares del derecho. A sus miembros corresponde regirse por la autolimitación como disciplina normativa ante la evolución de nuestra sociedad, pero a la vez a mantenerse firmes y participativos, atentos a las variables que afectan a la ciudadanía y que dañan la cohesión social.

Se vislumbran nuevos tiempos, donde los ejes fundamentales de la impartición de justicia ya son y seguirán siendo, invariablemente, la transparencia, el combate a la corrupción y la erradicación de la impunidad.

*Magistrada federal y académica universitaria