La Secretaría de la Función Pública (SFP) está obligada a difundir los nombres de los servidores públicos que han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR) por cometer irregularidades y corrupción al amparo del cargo, y que ya fueron condenados por las autoridades judiciales.

Así lo concluyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) luego de analizar una solicitud pública de información. El organismo autónomo argumentó que hay un claro interés público por saber las identidades de quienes en el ejercicio de un cargo público cometieron delitos; lo anterior, con el fin de que la sociedad ejerza su derecho al escrutinio y evaluación de los gobernantes y aquellos que tienen a su cargo el manejo de erario.

El particular solicitó conocer fecha y motivo de las denuncias, tener detalles de si se aplicaron sanciones administrativas; si hubo daño al erario; cuáles son los cargos de los funcionarios denunciados, y qué puestos ocupaban los servidores públicos que hayan sido absueltos.

El Inai indicó que al atender la solicitud referida, la secretaría a cargo de Virgilio Andrade dio a conocer la dependencia a la que pertenecían los denunciados, la fecha de la denuncia, el monto del daño causado al erario y el cargo del funcionario. Pero al peticionario los datos le parecieron insuficientes, por lo que interpuso un recurso de revisión.

Ante eso la SFP argumentó que desconocía el estatus de los funcionarios sujetos a proceso, por ser un elemento de competencia de la PGR. Aunque aportó datos sobre procesos localizados en los órganos de control interno y unidades de responsabilidad de empresas productivas del Estado. Sin embargo, se reservó el nombre de los funcionarios indiciados, procesados y absueltos.

El análisis del caso correspondió a la comisionada Areli Cano, quien consideró que la corrupción debe combatirse de manera abierta, pues afecta la democracia, agrava la desigualdad, genera pérdidas de recursos públicos y vulnera los derechos de los ciudadanos.

Agregó que entre las competencias de la SFP está coadyuvar con el Ministerio Público en casos de corrupción en las esferas del servicio público, por lo que tiene la capacidad y la información necesaria para atender de manera íntegra la solicitud de información en cuestión.

Para evitar daño a la privacidad e intimidad de los funcionarios, el Inai coincidió en que es pertinente no dar a conocer los nombres de los servidores públicos que fueron absueltos y sobre quienes pesó la denuncia de provocar daño al erario con casos de corrupción.