iles de trabajadores gubernamentales marcharon ayer en Buenos Aires en rechazo a la determinación del presidente Mauricio Macri de revisar 24 mil contratos de empleados públicos y 11 mil concursos para asignación de plazas efectuados desde 2013. Los manifestantes protestaron también por la devaluación de casi 30 por ciento de la moneda, generada a partir de la decisión del nuevo gobierno de eliminar el control de cambios, y por la escalada inflacionaria que esa medida ha generado.

A este malestar debe agregarse el descontento suscitado por el afán de Macri de gobernar mediante decretos, al margen del Poder Legislativo, por el empecinamiento presidencial en remover a funcionarios independientes del Ejecutivo y por nombramientos polémicos, como el de María Eugenia Talerico al frente de la Unidad de Información Fiscal, pese a que fue abogada del banco HSBC en casos de lavado de dinero –una práctica por la que esa empresa bancaria ha debido afrontar numerosos procesos en diversos países– y a Laura Alonso como nueva titular de la oficina anticorrupción, a pesar de que no tiene título de abogada.

Otro asunto que ha colocado a la nueva presidencia argentina en una situación incómoda es la fuga de tres presos que habían sido condenados a cadena perpetua por el homicidio de otros tantos narcotraficantes. Uno de los ahora prófugos había sido utilizado por los medios de la derecha, afines a Macri, para golpear políticamente a Aníbal Fernández –quien fue jefe de gabinete de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner– mediante acusaciones que resultaron falsas.

La versión oficial de la fuga resultó igualmente inverosímil, pues sostiene que los evadidos amagaron con un arma de juguete a los guardias de la prisión y luego escaparon en un vehículo policial que tenía la llave puesta. Lo fantasioso del relato hace pensar a muchos en Argentina que la fuga fue en realidad una liberación operada desde el gobierno para pagar los servicios políticos de los tres delincuentes.

El hecho es que, lejos de caer en la postración por la victoria electoral de Macri en la segunda vuelta presidencial el pasado 22 de noviembre, los sectores progresistas se organizan para resistir la embestida autoritaria y neoliberal del nuevo régimen, y éste parece enfrentar un desgaste político precoz debido a un estilo de gobernar discrecional, prepotente y desapegado de los procedimientos institucionales.