La manutención de los cerca de 23 mil presos de las 21 cárceles federales de México tuvo un costo de más de mil 700 millones de pesos el año pasado o, lo que es igual, más de 4 millones 600 mil pesos diarios, situación que obliga a reducir la población carcelaria y con ello el costo para el erario, comentó el senador perredista Fidel Demédicis.

El legislador propuso una reforma constitucional en esa materia para eliminar, primero, el plazo de hasta 48 horas para que un acusado sea consignado ante un juez penal o para otorgar su libertad de manera inmediata, con lo que se evitaría que alguien que se presume infractor y no es sentenciado pase meses o hasta años en prisión.

El perredista Demédicis resaltó que en la actualidad 70 por ciento de los recursos del sistema penal se dedican a los delitos de bajo impacto, por lo que una persona acusada del robo de un producto tan básico como unas galletas podría pasar en promedio tres meses en prisión, y al final, salir bajo fianza con el pago de entre 800 y 900 pesos.

Sanción anticipada

Su iniciativa plantea reformar los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que en México la figura jurídica de suspensión durante 48 horas se utiliza como una sanción anticipada, bajo la hipótesis de que alguien cometió un delito y en automático debe ser privado de la libertad.

De hecho, añadió, se le somete a un proceso para comprobar su inocencia o su culpabilidad, lo cual lesiona gravemente las normas internacionales sobre presunción de inocencia.

El legislador del sol azteca hizo notar que nadie en el país confía en los agentes del Ministerio Público, y menos en las policías ministeriales, quienes en 48 horas no sólo pueden torturar sino hasta provocar desapariciones forzadas.

El senador Demédicis señaló que en México opera la presunta culpabilidad, por lo que los presos habrán pasado al menos unos nueve meses en reclusorios y el Estado habrá invertido unos 140 pesos diarios en la manutención de cada uno, más del doble del salario mínimo.

Debido a ello, insistió, mantener a los 22 mil 731 presos que están recluidos en 21 cárceles federales tuvo en 2014 un costo situado en mil 703 millones 209 mil 173 pesos.

A su juicio, la Ley de Amparo, que ha sido parte de importantes transformaciones políticas, sociales y culturales que el país ha vivido en las décadas recientes, requiere también de adecuaciones.