A pesar de que México anunció novedades legislativas y políticas para combatir la tortura y malos tratos, entre ellas la iniciativa de ley general contra la tortura, se trata de promesas en papel que no se han convertido en resultados concretos que se traduzcan en cambios en la vida de las personas, advirtió Amnistía Internacional (AI).

Destacó que incluso los agentes encargados de hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad de la población, utilizan esta violación persistente de los derechos humanos para extraer confesiones, fabricar cargos y causar sufrimiento a los ciudadanos.

A ello se agrega el encubrimiento de la tortura incluso por parte tanto de médicos oficiales como de expertos forenses responsables de detectar los casos. AI subrayó que a menudo no documentan adecuadamente las señales de tortura y malos tratos, tanto físicos como sicológicos tras el arresto de un detenido.

En su informe Promesas en el papel, impunidad diaria. La epidemia de tortura en México, presentado en octubre pasado, destacó las deficiencia de médicos y sicólogos de la Procuraduría General de la República (PGR)para implementar el llamado Dictamen especializado, que es una guía para la realización de exámenes forenses sobre tortura y malos tratos.

Agregó que a casi dos años del lanzamiento de su campaña global para impulsar la erradicación de la tortura y malos tratos, que tiene al país como una de las cinco naciones en las que se centra la atención, se debe garantizar que el nuevo marco legislativo en la materia aborde la fuente de la impunidad y que se cuente con mecanismos efectivos de vigilancia para su implementación, pues de lo contrario las cosas no mejorarán para los miles de víctimas de tortura y malos tratos.